Bruselas, 29 may (EFECOM).- Los Veinticinco lograron hoy ponerse de acuerdo sobre la directiva para la liberalización de los servicios en la UE, cuya formulación ya tiene poco que ver con la propuesta original presentada por la Comisión Europea hace más de dos años.
La última propuesta de compromiso de la presidencia austríaca de turno de la Unión Europea (UE) obtuvo el apoyo de todos los países miembros excepto Lituania, que se abstuvo al considerar que el texto final está demasiado lejos de sus pretensiones.
La principal novedad de la propuesta consensuada hoy, que ahora deberá volver al Parlamento Europeo para su segunda lectura, es la obligación que tendrán los Estados miembros de comunicar y justificar a la Comisión Europea los requisitos que impongan para autorizar la libre prestación de servicios en su territorio.
Esta medida fue introducida a propuesta de un grupo de países, formado por la mayoría de los nuevos Estados miembros y Holanda, y encontró las mayores resistencias en Alemania, que considera que generará un aumento innecesario de la burocracia.
En opinión del secretario de Estado para la Unión Europea de España, Alberto Navarro, esta obligación de notificar a Bruselas las condiciones impuestas por cada país compensa la renuncia al conocido como "principio del país de origen", eliminado por la Eurocámara.
En virtud de ese principio, el más polémico del texto original, una empresa podría operar en varios estados sometiéndose sólo a la ley de aquel donde se constituyó.
El texto acordado hoy parte del propuesto en abril por la Comisión Europea -que a su vez recogía la mayoría de enmiendas adoptadas por el Parlamento-, pero con numerosas modificaciones, introducidas por la presidencia austríaca para atender a las preocupaciones de la mayoría de estados miembros.
Francia, el país que ha liderado los dos últimos años la oposición a esta norma, no tuvo al final demasiados problemas en dar su apoyo al texto, dado que se han eliminado los principios más liberales y que más rechazo causaban a París.
El ministro austríaco de Economía, Martin Bartenstein, y el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, mostraron su satisfacción por el "hito histórico" que supone este acuerdo, y vaticinaron que habrá una directiva de servicios "en breve", pues la Eurocámara no tendrá dificultades en ratificar el texto en su segunda lectura.
Bartenstein se felicitó por haber evitado la fractura de la UE entre antiguos y nuevos miembros, y consideró que el acuerdo de hoy envía a los ciudadanos europeos un mensaje claro de que la Unión "no está paralizada".
Por su parte, Alberto Navarro señaló que el acuerdo es satisfactorio para España, y recordó que más del 70 por ciento del producto Interior Bruto (PIB) español proviene del sector servicios.
Según el texto aprobado hoy, quedarán excluidos del alcance de la directiva los servicios no económicos de interés general, así como los financieros, los audiovisuales, los sociales, las comunicaciones electrónicas, el transporte, las empresas de trabajo temporal, la salud pública y privada, el juego y la seguridad privada.
A su vez, a los servicios económicos de interés general -postales, sector eléctrico, gas, distribución y suministro de agua y gestión de residuos-, que sí están incluidos en la directiva, no se les aplicará el artículo 16 de la norma, que regula la libre prestación de servicios.
A petición de varios países, la norma precisa que los Estados no podrán utilizar su legislación penal para eludir o dificultar la aplicación de la directiva, y, para responder a la demanda de los países nórdicos, también subraya que la directiva no afectará a la legislación laboral específica de cada nación.
Deja claro que un Estado no podrá establecer requisitos a los prestadores de servicios en función de su nacionalidad o del país en que tienen fijada su sede o residencia, exigir su inscripción en un registro, la presentación de garantías o avales económicos, ni pruebas de la demanda de su servicio en el mercado nacional.
En cuanto a las condiciones que sí podrán aducir para limitar la libre prestación de servicios, además de ser notificadas a la Comisión Europea, deberán respetar los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, y estar justificadas por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente.
Además, también como novedad, se aceptó la petición de un grupo de países, entre ellos Francia y España, para ampliar de dos a tres años el plazo para la transposición de la norma a las legislaciones nacionales. EFECOM
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