Madrid, 26 may (EFECOM).- La gerente de la delegación española de la Asociación Empresarial de Tiempo Compartido en Europa (OTE), María Jesús Rodríguez, precisó hoy a EFE que la estafa a los propietarios de derechos de uso compartido de Málaga no ha sido cometida por las empresas que se dedican a esta actividad.
Los defraudadores, cuya cúpula ha sido desmantelada por la policía en la ciudad andaluza, son estafadores extranjeros que dirigen su actividad fraudulenta a sus propios compatriotas propietarios de este tipo de derechos de uso y disfrute de vacaciones.
En opinión de Rodríguez, España se ha convertido en base de operaciones de este tipo de estafadores, debido a que es el país con el mayor número de complejos de tiempo compartido en Europa, con 327, un 6% de la cuota mundial, de los que disfrutan 611.200 familias propietarias, un 9% del total del mundo.
El fraude de la reventa de derechos de uso compartido por el que la Policía ha detenido en Málaga a los ocho responsables de un grupo organizado y que afecta a más de 15.000 propietarios, es muy sencillo, ya que a los delincuentes sólo les basta robar el listado de los propietarios de un complejo para empezar a poner en marcha la estafa.
Los arrestados en este caso son originarios del Reino Unido, Sudáfrica, Bélgica y Noruega, que han sido detenidos en las localidades malagueñas de Fuengirola, Mijas y Coín, y la mayoría de las víctimas es británica, la nacionalidad que lidera el ránking de los propietarios de derechos de uso compartido en España.
Recientemente, la policía arrestó a dos ciudadanos franceses en Tenerife por una estafa similar dirigida al colectivo de propietarios galo, recordó Rodríguez.
En el negocio de tiempo compartido intervienen las promotoras, que pueden vender los derechos de uso compartido directamente a los clientes o encargar su comercialización a otras empresas, así como las compañías de mantenimiento y las de intercambio.
Estas últimas, como RCI, brindan a los propietarios la posibilidad de estar dentro de su red de intercambio, que permite a los clientes depositar su tiempo de disfrute de vacaciones y canjearlo por otro en un lugar distinto.
El intercambio supone un valor añadido al producto de tiempo compartido y suele incluirse en el contrato de compra de un derecho de uso compartido para un período de 5 años, tras el cual, el propietario decide si quiere seguir en la red.
En opinión de Rodríguez, tanto los medios de comunicación como las autoridades siguen hablando de la multipropiedad, cuando se trata de derechos de aprovechamiento por turno de bienes e inmuebles de uso turístico, actividad perfectamente regulada desde 1998 por una ley que ha puesto un límite temporal de 50 años a los contratos, antes hecho a perpetuidad.
La directiva señaló que la OTE se felicita por la actuación policial en el caso de la estafa en Málaga, porque este tipo de fraudes perjudica a las empresas de tiempo compartido y crea una gran confusión al atribuirles la autoría de los mismos.
Entre las labores de la asociación destaca precisamente la centralización de la información del sector en coordinación con los centros europeos del consumidor para que la policía disponga de más datos y para que no se dispersen las reclamaciones y denuncias de los clientes.
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se unió al aplauso de la actuación policial por "la presunta estafa masiva de empresas multipropiedad, y lamentó el deficiente control del sector", con lo que contribuye a la confusión creada y de la que advierte la OTE.
Las demandas que tiene interpuestas actualmente FACUA en los juzgados de Sevilla contra cinco empresas, entre las que figuran Mundo Mágico y Gran Club Vacaciones, se refieren a unas supuestas irregularidades cometidas en el proceso de comercialización de un producto que existe y del que el cliente dispone, explicó Rodríguez. EFECOM
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