Madrid, 9 may (EFECOM).- Los afectados por la presunta estafa filatélica han pedido hoy al Estado, entre otras soluciones, que adelante 5.500 millones de euros para poder vender los sellos de las empresas y conseguir pronto algo del dinero invertido, debido a la incertidumbre para recuperarlo en otras vías judiciales.
Al año de la intervención judicial de las dos sociedades filatélicas, los representantes de los clientes de ambas empresas creen que el proceso penal puede prolongarse una década, mientras que los juzgados mercantiles pueden tardar un lustro.
Sin embargo, hasta el momento, son los administradores concursales quienes han presentado ante los dos juzgados mercantiles de Madrid el dato sobre el agujero de las compañías (4.666 millones de euros) y la Audiencia Nacional avanza en la investigación (ya más de 70.000 folios de sumario) para determinar quienes, cuándo y cómo se desviaron los fondos de la compañía.
Los jueces Santiago Pedraz y Baltasar Garzón han imputado a treinta personas y han bloqueado buena parte de los fondos que son de su propiedad, excepto los que necesitan para vivir, en busca de otras líneas de investigación en Holanda, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos e Irlanda.
En la Fiscalía Anticorrupción no son extrañas las conexiones de Fórum Filatélico, a través de empresarios buscados por la policía como Juan Carlos Llorca, en grandes operaciones antiblanqueo como la operación "Ballena Blanca" o la operación "Malaya", incluso con posibles pagos al asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca.
Mientras tanto, los ex presidentes de Fórum y Afinsa Francisco Briones y Juan Antonio Cano Cuevas, respectivamente, rechazan los cargos de estafa, insolvencia punible, administración desleal, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública y reclamarán patrimonialmente al Estado por más de 6.000 millones de euros.
En una entrevista con EFE, Cano Cuevas pidió hoy el archivo de la causa abierta contra él y otros gestores de Afinsa porque, a su juicio, en este año "se ha acreditado" que la "imputación no tiene sentido".
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción estudia los cientos de miles de folios acopiados de los registros a las sedes de Fórum y Afinsa y no descarta nuevas imputaciones, pues todavía han de declarar de nuevo los principales directivos de Afinsa, además de otros diez ejecutivos imputados el pasado mes de febrero.
Precisamente, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sauquillo, insistió hoy en que debe investigarse el patrimonio de los gestores de las sociedades y saber adónde ha ido a parar el dinero de los perjudicados, tal y como hace Anticorrupción con la ayuda de un grupo de peritos judiciales.
El Gobierno, además, ha aprobado una línea de créditos a interés cero de 500 millones de euros para soportar el 15 por ciento de las pérdidas de los afectados, que ha sido bien recibida entre las asociaciones de consumidores.
No así entre las plataformas integradas por otros afectados como la Coordinadora Española de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa (Ceafa), que representa a un tercio de los clientes totales, que considera una "limosna" esta línea de ayudas y pide al Gobierno un "esfuerzo mayor".
Tras presentar una reclamación patrimonial al Estado que podría llegar a sobrepasar los 7.200 millones de euros, la Ceafa propone como "acuerdo extrajudicial" el que el Gobierno conceda "créditos blandos" por 5.500 millones de euros a las dos empresas para que puedan vender los casi 500 millones de sellos en un intervalo de tiempo de doce a quince años.
En concreto, los afectados recuperarían todo el dinero invertido en cuatro años, un plazo muy inferior -según ellos- al que supondría la liquidación de los bienes que habrían de aprobar los juzgados mercantiles número 6 y 7 de Madrid, que tramitan la insolvencia de Afinsa y Fórum.
En esta línea, Ausbanc -que representa a 6.000 afectado- reclamó hoy por carta a los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Baltasar Garzón que las empresas puedan funcionar, aunque ya hayan extinguido su relación con más de 600 trabajadores.
Varias organizaciones de consumidores y plataformas convocaron hoy manifestaciones y concentraciones a lo largo de España para recordar el aniversario de lo que se ha convertido en el mayor fraude económico de España, una forma de protesta al igual que la adoptada por los afectados en Vizcaya, que ya piden el voto nulo para las próximas elecciones. EFECOM
dsp/jlm
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