Las cajas de ahorros sólo superarán la crisis si pueden realizar su particular "ampliación de capital", tarea para la que necesitan un representante que sepa negociar con el Gobierno
Hay quien dice que, al igual que afirmaba Alfonso Guerra sobre España, a las cajas, dentro de pocos años "no las conocerá ni la madre que las parió". Esta afirmación, que viene de un alto directivo del sector es, tal vez, algo exagerada pero lleva buena parte de razón.
Las cajas se hallan en una de las encrucijadas más importantes de toda su larga historia. Por un lado, deben apañárselas para sobrevivir a una crisis que sólo encuentra una comparación similar por su gravedad con la del 29. Por otro, la debilidad del modelo ante situaciones puntuales de debilidad urge a una mejora de su régimen jurídico. Para acabar, se perfila un cambio regulatorio que exige unos requerimientos de solvencia que, con los instrumentos actuales, son casi imposibles de cumplir para buen número de entidades.
Este es el panorama con el que se encontrará el nuevo presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), que será elegido este martes. El hombre que ocupe el sillón presidencial tendrá por delante una tarea apasionante para contribuir a la transformación del sector pero, sin duda, también la más difícil a la que se haya enfrentado jamás esta organización.
Difícil porque los cambios en la normativa española pueden suponer una amenaza para el modelo jurídico de las cajas, cuya imagen se ha deteriorado en los últimos meses por las pugnas políticas, presiones autonómicas y, en alguna de ellas, una deficiente gestión.
Cambio legal
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya anticipó que se abordará la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, LORCA, durante el segundo semestre del año, una vez que haya culminado el proceso de fusiones en el sector.
Son varias las cuestiones que están en la agenda para ser modificadas y algunas más que tendrán que esperar por su complejidad y por necesitar un amplio acuerdo político que ahora se antoja improbable.
Sobre lo que todos están de acuerdo es en que se deberá dotar a las cajas de nuevos instrumentos para poder captar capital con facilidad y con un coste razonable. En lo que ya no hay consenso es en si estas nuevas armas deben dejar la puerta abierta a una privatización.
Actualmente lo más parecido a las acciones de los bancos son las cuotas participativas, que están exentas de derechos políticos y cuya posesión está limitada a un porcentaje del 5 por ciento por cada inversor. Estas características merman el atractivo de estas herramientas.
Por ello, se habla de la introducción de derechos de voto, algo a lo que se habían opuesto con firmeza los sindicatos, ya que veían un camino para que los bancos pudieran conquistar las cajas de ahorros.
Sin embargo, la crisis financiera ha puesto de manifiesto que resistirse al esquema actual supone un lastre para responder a las necesidades de captación de capital, lo que las hace más vulnerables que a los bancos.
Conscientes de ello, las cajas se preparan para pedir al Gobierno que habilite varias vías para subsanar esta desventaja, entre las que se encuentra las cuotas con derechos políticos.
La regulación que adaptarán ha abierto un debate en el seno de estas entidades, en pleno proceso de cambio en la presidencia de la CECA, y ha dividido a las más reticentes a la inclusión de derechos de voto y a las que las defienden, aunque con mecanismos que preserven el modelo actual.
Al igual que el nombramiento de su máximo representante, las demandas al Ejecutivo contarán con un amplio consenso, que resume las dos posiciones.
Las cajas quieren contar no con uno, sino con un abanico de instrumentos que puedan utilizar para conseguir con rapidez capital extra en los mercados.
Se trataría de que ninguna entidad se viera obligada a tener que emitir cuotas con derechos políticos, ya que contaría con otras posibilidades para recapitalizarse.
Según han apuntado algunos responsables de cajas, otras opciones que se barajan serían la creación de filiales bancarias o, a imagen de la solución encontrada en otros países, la separación del negocio bancario de la obra social.
Abierto el melón de la LORCA se podría plantear la rebaja del peso político en los órganos decisorios de las entidades, una demanda insistente desde el sector pero que depende del clima entre los principales partidos.
La reforma de la ley está íntimamente relacionada con los cambios contables que traerá Basilea III, que elevará el nivel de exigencia de solvencia y liquidez.
La amenaza de Basilea III
Aunque el acuerdo regulatorio internacional se encuentra aún en sus primeras fases, por ahora se apunta a una solvencia de primera categoría (core capital) equivalente al 8 por ciento de los activos ponderados por riesgo, lo que conllevaría a algunas entidades a tener que elevar en más de dos puntos sus ratios actuales, un objetivo muy exigente si se tiene en cuenta que los ingresos caerán este año en torno a un 20 por ciento, que la ventanilla del Banco Central Europeo deja de despachar dinero barato y que en los mercados se acrecienta la desconfianza sobre el sistema español tras los problemas griegos.
Además, y según los borradores, la llegada de Basilea III penalizaría las carteras industriales de las cajas de ahorros, entre las que destacan las de La Caixa, Caja Madrid, Bancaja y Unicaja.
¿Quién será la persona que negocie con políticos y Banco de España para amoldar la nueva normativa a los deseos de las cajas? De la corta quiniela, compuesta por dos nombres, las apuestas indican que Isidre Fainé, el presidente de La Caixa, es el claro favorito. Cuenta con una más que amplia mayoría de apoyos dentro del consejo de la CECA, es bien visto por Gobierno y oposición, y sus relaciones con el Banco de España son fluidas, todo lo contrario del anterior presidente, Juan Ramón Quintás.
Amado Franco, su homólogo en Ibercaja, se identifica con una línea más conservadora y juega en su contra que el PSOE lo identifica con el ex diputado del PP Manuel Pizarro, anterior presidente de la caja aragonesa y de la CECA.
Aunque mantiene su candidatura, las cajas confían en llegar a una solución pactada en el consejo del martes. Se trataría de que Fainé llegue a la presidencia y de que Franco ocupe la vicepresidencia que dejaría vacante el responsable de La Caixa. Eso le permitiría estar en los órganos más relevantes de la organización, como consejo y comisión ejecutiva.
Fainé, impulsado por la sugerencia del Gobierno y por el respaldo de las cajas de mayor tamaño, pretende estar en el cargo durante dos años, la mitad del mandato, tiempo en el que se resolverían las tareas que ahora están pendientes.
Editorial: Es la ocasión para las cajas
