Morales acelera nacionalización telefónica y deja en punto muerto la minera

Miriam Burgués

La Paz, 28 abr (EFECOM).- Un año después de su polémica nacionalización petrolera, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acelera gestiones para controlar una telefónica filial de Telecom Italia, pero ha dejado en punto muerto un proceso similar prometido para el sector minero.

En enero pasado el mandatario reveló que había un "debate profundo" en el gobierno "para ver cómo nacionalizar Entel", la mayor telefónica boliviana, en la que Telecom tiene la mitad de las acciones y la gestión.

No se hizo esperar mucho el decreto que dio vía libre al proceso, emitido el 2 de abril para crear una comisión ministerial encargada de negociar con Telecom.

La norma establece que las tratativas para estatizar Entel deben dar fruto el próximo martes 1 de mayo, primer aniversario de la nacionalización de los hidrocarburos, fecha elegida también por el gobierno para crear la nueva Empresa de Telecomunicaciones de Bolivia (Entelbo).

Pero el proceso no ha sido tan sencillo como pensaba Morales, y por ello su vicepresidente, Álvaro García Linera, tuvo que matizar recientemente que no hay "un plazo fatal" para acabar la negociación con Telecom, dando a entender que el proceso seguirá después del martes.

Las conversaciones para "recuperar" las acciones que Telecom posee en Entel, así como la gestión, han estado marcadas por frecuentes asperezas.

Primero, el gobierno boliviano acusó a la empresa de intentar "burlarse" del país al colocar en la mesa de diálogo a un abogado que participó en la privatización de Entel, cuyo control parcial asumió en 1996 la italiana Stet, que luego vendió su participación a Telecom.

Después, los ejecutivos de la compañía solicitaron celebrar las negociaciones fuera de Bolivia, para evitar supuestas presiones de los medios de comunicación locales, pero el gobierno lo rechazó de plano -según explicó- para respetar "la dignidad" de todos los bolivianos.

Tras esas fricciones, Morales "atacó" con otro decreto que permitió al Estado controlar el 47 por ciento de las acciones de Entel, que teóricamente pertenecían a los bolivianos (el restante tres por ciento es de los trabajadores de la telefónica y de algunos inversores privados).

Ese 47 por ciento lo gestionaban desde la década pasada dos administradoras de fondos de pensiones (AFP), una del grupo suizo Zúrich y otra del banco español BBVA.

Hace un año Morales también decretó el paso a control estatal de las acciones de varias petroleras mixtas que administraban esas mismas AFP, con lo que en ambos casos los primeros expropiados por esas dos nacionalizaciones -y los únicos hasta ahora- han sido los ciudadanos bolivianos.

Entre tanto, Morales ha puesto el freno en la también prometida nacionalización minera.

Lo único que ha llevado a término hasta ahora es el control estatal de la fundidora Vinto, filial de la suiza Glencore, concretada en febrero pasado con un acto de marcado tinte propagandístico en la ciudad andina de Oruro, durante el cual el ejército ocupó la planta.

Morales también usó tropas del ejército en mayo de 2006 para dar imagen de fuerza al anunciar la nacionalización de los hidrocarburos, pero esa medida -según algunos críticos- se quedó en una simple reforma tributaria para las petroleras, porque no les han expropiado nada.

Glencore reclama una indemnización por Vinto, pero Morales replica tajante que esa firma solo recibirá una compensación si demuestra "documentalmente" que invirtió en la fundidora más de lo que pagó por ella en 2005 al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).

El ex mandatario, que reside actualmente en Estados Unidos y está acusado de genocidio por los 63 muertos que dejó la represión de una ola de protestas en octubre de 2003, traspasó Vinto a Glencore en 2005, junto con varias concesiones mineras situadas en la zona andina de Bolivia.

Morales anunció el mismo día de la toma de Vinto que nacionalizaría también esas minas, pero todavía no ha movido ficha al respecto.

Tampoco ha promulgado un muy anunciado decreto para que el Estado asuma el control absoluto de todos los recursos mineros de este país de 9,5 millones de habitantes y 1,1 millones de kilómetros cuadrados.

Lo mismo pasa con la también anunciada campaña para nacionalizar, aparte de Entel, otras compañías mixtas con socios extranjeros, a los que se acusa de corrupción o de incumplir las inversiones prometidas.

Varias compañías "nacionalizadas" en mayo de 2006, como dos refinerías de la brasileña Petrobras y las mixtas Andina y Chaco, filiales de la hispano-argentina Repsol YPF y British Petroleum, respectivamente, siguen en manos de las multinacionales pese a los anuncios y decretos de Morales. EFECOM

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