ACS
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ACS no ha escatimado esfuerzos para que los fondos de inversión presentes en el capital de la eléctrica secundaran su acceso a un puesto en el consejo de administración de Iberdrola.
Para ello, con motivo de la junta de accionistas que se celebró el pasado viernes, el grupo constructor y de servicios envió una nota a los accionistas institucionales de la eléctrica, fechada el 17 de marzo, en la que pedían que "en el certificado bancario expedido por la entidad depositaria se haga constar expresamente que, en el caso de que se someta a votación la destitución del consejero dominical elegido por ACS (ACS.MC), se le dan instrucciones de votar abstención o en contra".
En dicho documento, al que ha tenido acceso elEconomista, y del que también habla Unicredit en su informe del pasado 18 de marzo, ACS ofrece una batería de argumentos para defender su derecho a estar en el consejo de Iberdrola. Para empezar apunta que desde que se inició el proceso de desinversión en Unión Fenosa (30 de julio de 2008), ACS ya anunció su propósito de incorporarse al consejo de Iberdrola, pero "las maniobras de este órgano para impedirlo se han venido sucediendo desde entonces".
La constructora enumera que el consejo de la eléctrica ha cubierto por cooptación una vacante, redujo el número de consejeros, suprimió el límite de edad de 70 años para ser designado consejero y propuso a la junta la ratificación del consejero "para evitar que se produjera una vacante frustrando así el derecho de representación proporcional que había ejercitado ACS".
La maniobra de la eléctrica
En la misiva, la constructora recuerda que volvió a solicitar un nuevo consejero con motivo de la junta que ya se ha celebrado y en este caso indica de forma rotunda que "no puede ser denegado dado que hay un total de 9 vacantes en el consejo de administración de Iberdrola que se pretenden cubrir en dicha asamblea".
Sin embargo, ACS se hace eco de "las noticias que vienen apareciendo en prensa" y cuenta a los fondos que "parece ser que la maniobra que se pretende para eludir el legítimo derecho del grupo de contar, al menos, con un consejero dominical es que, inmediatamente se comunique en esa junta que la constructora ha elegido un consejero, cualquier accionista, alegando un supuesto conflicto de intereses, que carece de fundamento real, solicite que se someta a la votación de la junta el cese del miembro elegido".
Excusas
En la carta, ACS deja claro que el conflicto de interés con Iberdrola es "una excusa más para impedir la presencia de un representante suyo en el consejo de la eléctrica".
La argumentación de la empresa de Florentino Pérez se basa en que el negocio principal de Iberdrola es el de producción y distribución de energía eléctrica con una facturación, en el año 2008, cercana a 22.000 millones de euros, respecto a una facturación total de 24,559 millones de euros. Por su parte, ACS tiene una "actividad marginal de construcción y explotación de parques de energías limpias con una producción de 187 millones de euros, es escasamente el 0,75% de la facturación de Iberdrola y menos del 1,3% de la facturación del propio grupo ACS".
La constructora añade que lo mismo puede decirse de la actividad de ingeniería industrial de Iberdrola, que "no debe ser tan importante dado que no se desglosa en sus cuentas anuales", sino que aparece bajo el título residual de 'otros negocios no energéticos' con una facturación inferior al 9 por ciento de la facturación total. "Difícilmente se pude decir que compite con la actividad de ingeniería industrial de ACS que, además, es el principal proveedor de este tipo de servicios en distintas compañías eléctricas que difícilmente le contratarían si fuera competidor suyo", sentencia la compañía. En cualquier caso, los temores de ACS se cumplieron. Los accionistas institucionales apoyaron a Sánchez Galán. En consecuencia el consejero nombrado por la constructora José María Loizaga, fue seguidamente destituido.
Todo esto ha derivado en que la constructora se prepara para iniciar una guerra legal para defender sus intereses, aunque a priori, la eléctrica ha bloqueado sus argumentos de que en el consejo ya había miembros con presencia en el sector energético. Las flechas de ACS en esta pelea apuntaban a Juan Luis Arregi, presidente de Ence, que tras, quince años como consejero de la eléctrica, dimitió de todos sus cargos y dificultó las expectativas de ACS a la hora de utilizar este argumento.
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