Ya lo denunciaba la Federación de Consumidores en Acción, Facua, el pasado mes de octubre a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), dependiente del Ministerio de Industria: veinticuatro empresas se estaban lucrando de las reclamaciones y consultas de los clientes empleando líneas 807. A día de hoy Facua reitera su petición y se queja de que Industria sigue "sin poner freno" al "uso ilegal" de estos números.
Aunque la actual legislación prohíbe la prestación de servicios de atención al cliente o de posventa a través de estas líneas, la Setsi, encargada de su cumplimiento, todavía no ha dado respuesta a las denuncias de la asociación y la "gran mayoría" de empresas denunciadas siguen utilizando las líneas 807.
Incurren en "cláusulas abusivas"
Facua indicó que al cobrar por las consultas y reclamaciones, las compañías incurren en "cláusulas abusivas", al limitar de forma inadecuada el ejercicio de derechos de los usuarios que están implícitos a la compra o contratación de los productos y servicios.
En función de la compañía y de si el usuario realiza la llamada desde un teléfono móvil o un fijo, los precios de las llamadas a los teléfonos 807 oscilan entre 0,41 y 1,51 euros por minuto.
La organización denunció en mayo de 2009 a seis empresas por utilizar estos teléfonos ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas.
Meses incumpliendo el nuevo 'Código'
Seis meses después, la asociación presentó una batería de denuncias contra un total de veinticuatro firmas. Esta vez fueron remitidas a la Setsi, ya que en julio habían entrado en vigor cambios en el Código de Conducta para la Prestación de los Servicios de Tarificación Adicional.
En este sentido, la organización indicó que desde julio del año pasado, el Código de Conducta para la Prestación de los Servicios de Tarificación Adicional establece que no podrán utilizarse números con tarificación adicional para la prestación de servicios de atención al cliente o de posventa vinculados a la adquisición de un bien o la prestación de un servicio.
Las compañías denunciadas el pasado octubre son empresas del sector aéreo, agencias de viajes, portales de Internet, juegos online, intermediación financiera, subastas, tiendas de ropa y electrónica y alquiler de coches.
Facua es contraria a la criminalización de las descargas
