Toledo, 23 abr (EFECOM).- El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, recalcó hoy que no es partidario de que los Estatutos de Autonomía recojan compromisos de inversión del Estado en las comunidades autónomas, aunque reconoció que lo pactado hasta ahora "se puede hacer funcionar".
Solbes hizo estas consideraciones en el coloquio posterior a la conferencia que pronunció con motivo del XXV aniversario de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM).
Los empresarios preguntaron a Solbes por la posible incidencia en la unidad de mercado de las reformas estatutarias y por el establecimiento en varios textos, entre ellos el de Castilla-La Mancha, de un compromiso de inversión del Estado.
El vicepresidente económico reconoció que esas cláusulas no son ilegales, pero opinó que podría haber esquemas más eficientes para atender a compromisos de inversión temporal, como los pactos entre gobiernos.
Insistió en que no se trata de algo ilegal, pero sí más "incómodo" y que "hace un poco más complicada la labor del ministro de Hacienda", con la ventaja de que lo aprobado hasta ahora tiene solución y se puede poner en marcha.
En cuanto a la unidad de mercado, aseguró que no hay ruptura, pero sí se introducen "comportamientos diferenciados en términos burocráticos que pueden dar algún problema".
En este contexto, se quejó del "excesivo amor por la burocracia y el control que este país tiene", pues "nos gusta demasiado la norma y el control", algo que también afecta a la Comisión Europea".
Solbes apuntó que el Gobierno mantiene "internamente" un debate sobre la conveniencia de "empezar a suprimir normas" y eliminar todo aquello que es innecesario.
A modo de ejemplo, citó con sorpresa una práctica habitual como que a su hija, al solicitar el título de universitaria, le hayan exigido que presente el de bachiller, que ya presentó para acceder a la Universidad.
"Esto no puede ser, un país serio no puede tener este tipo de trabas", advirtió Solbes, quien apuntó que existen una serie de autorizaciones o trámites burocráticos diferenciados entre comunidades autónomas que no son buenos para la empresa y para que las cosas funcionen mejor. EFECOM
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