Las espadas están en alto. La enmienda del ladrillo ha desatado una auténtica batalla política a cuenta de los blindajes empresariales. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intenta colar de rondón en la Ley de Auditoría una disposición que supone eliminar de los estatutos la limitación que algunas compañías imponen a los derechos de voto en las Juntas generales.
Las reacciones airadas no se hicieron esperar. En plena batalla entre el presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el de Repsol, Antonio Brufau, y la sempiterna lucha del presidente de ACS, Florentino Pérez, y el de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, la medida propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista representaba un respaldo claro de Moncloa a los Reyes del ladrillo frente a los Señores del kilovatio.
Según fuentes consultadas por elEconomista, todo comenzó antes de las pasadas Navidades. El presidente de Seopan y ex director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, junto con el presidente del Real Madrid y de ACS, quisieron meter un gol por la escuadra a las eléctricas.
Para lograrlo convencieron al presidente del Gobierno para que aceptara introducir una medida que eliminara los blindajes que mantiene Galán en Iberdrola y facilitar de ese modo el asalto de ACS al castillo inexpugnable de la eléctrica.
Florentino Pérez necesita tener más poder en Iberdrola para poder consolidarla en sus cuentas después de la venta de Unión Fenosa.
Varios presidentes de cajas de ahorros han intentado en los últimos años mediar entre las partes para promover un armisticio entre ambos pero no han logrado triunfar en estas lides. La pelea se ha convertido ya en una guerra a vida o muerte empresarial, pero como siempre con puño de hierro en guante de seda.
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Iberdrola frena a Florentino Pérez
