Madrid, 16 abr (EFECOM).- El secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, anunció hoy que un colectivo formado por 61 inmigrantes de Mali conseguirá regularizar su situación en España tras haber puesto en conocimiento del sindicato, en julio de 2005, que habían sido estafados por una empresa ficticia.
Los inmigrantes informaron a CCOO de que, al parecer, la empresa "Limpiezas Tajo" les había cobrado 300 euros por hacerles un contrato y luego no les pagó su trabajo de buzoneo.
Según López, este caso "supone un precedente muy importante, a pesar de que ha estado cargado de dificultades a lo largo de casi dos años", y el proceso de regularización ha sido posible gracias al Real Decreto de Julio de 2006 que autoriza el permiso de residencia a quienes colaboren con la autoridad administrativa.
López reconoció "el papel del Gobierno" de España, puesto que sin la citada normativa no se podría haber culminado el proceso.
Al tener conocimiento de los hechos, el sindicato presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo -que impuso en diciembre de 2005 una sanción de 6.000 euros por cada trabajador a la empresa "Limpiezas Tajo"-, y otra ante la Brigada Provincial de Policía Judicial por un delito de estafa y contra los derechos de los trabajadores.
La Inspección de Trabajo, mediante el criterio de existencia de contratos de trabajo, reconoció la relación laboral de 44 inmigrantes en febrero de 2006, aunque tras la aprobación del Real Decreto se abrió una nueva vía para la resolución del problema.
La Delegación del Gobierno en Madrid inició los trámites para la regularización después de que la Inspección de Trabajo certificase la "colaboración" por parte de los trabajadores malienses para desarticular esta "red de explotación", explicó Isabel Rodríguez, secretaria general de Actividades Diversas del sindicato.
Rodríguez también concretó que su sindicato ha solicitado que cuando se celebre el juicio se llame a declarar a la gestoría de la empresa de limpieza por los mismos delitos y recordó que el procedimiento "aún no ha terminado" y se está a la espera de que se convoque el juicio formalmente.
Actualmente 23 trabajadores han conseguido la regularización de su situación laboral, puesto que la Delegación del Gobierno en Madrid tramita los expedientes de forma individual, a pesar de tratarse de un caso común.
López aseguró que su formación "hubiera esperado una mayor participación y colaboración" por parte del Gobierno regional, puesto que, a su juicio, representa la "autoridad laboral" en la región y "no se puede estar casi dos años para conseguir que estos trabajadores vean la luz al final de un tortuoso camino de explotación laboral", agregó.
"Esperamos que existan esas declaraciones favorables para todos los trabajadores que han colaborado en la persecución de esta red ilegal" y pidió la resolución "mucho más ágil" de este tipo de situaciones de "estafa" y "venta de contrato" que podrían afectar a unos 300.000 inmigrantes, que habitan en la región en situación irregular.EFECOM
nrb/fv/pv
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