Madrid, 24 may (EFECOM).- El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación ante la Secretaría de Estado de Economía sobre "el vacío legal existente respecto de las sociedades de inversión en bienes tangibles", tras evidenciarse "la inoperatividad del control apriorístico" de los órganos competentes de la Administración.
En este sentido, el Defensor señala en una nota que la "opacidad" de estas sociedades gestoras "las hace especialmente aptas para sustraerse del control por parte de los inversores".
Además, como consecuencia del sistema cerrado de valoración de los bienes objeto de inversión, "la capacidad de un inversor medio de conocer el valor real de sus activos es prácticamente nula".
De los últimos acontecimientos "se evidencia que la protección de los inversores no sólo no es suficiente, sino que no existe coordinación institucional destinada a que dicha protección sea efectiva".
"En este punto la única opción posible es la confianza en los gestores, que, al margen de los controles que la legislación mercantil pueda establecer, no parecen encontrar barreras en el sistema para que las operaciones realizadas ofrezcan cierta transparencia pública antes de entrar directamente en sospecha de fraude", añade el comunicado.
Por ello, resulta "precisamente más preocupante que tras años de investigaciones por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en las que se ponían dudas razonables sobre la transparencia y legalidad de las operaciones de estas sociedades, se permitiera que las operaciones continuaran con normalidad, ampliando el número de afectados y asumiendo el riesgo de que el fraude tuviera un alcance mucho mayor".
El Defensor del Pueblo también está tramitando ante las administraciones públicas las numerosas quejas individuales de los afectados de AFINSA y Fórum Filatélico dirigidas a esta institución acerca de la posible responsabilidad administrativa.
El pasado 23 de mayo la Asociación de Servicios Bancarios (AUSBANK) promovió una iniciativa para que los afectados por esta presunta estafa pidieran la intervención del Defensor del Pueblo. EFECOM
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