Bruselas, 24 may (EFECOM).- La Comisión Europea quiere mantener la independencia de la oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF), pero pretende también hacerla más eficaz y rápida en la solución de los casos.
Con este objetivo, el Ejecutivo de la UE aprobó hoy una propuesta de reforma de la regulación de OLAF, que ahora deben estudiar el Parlamento Europeo y el Consejo y que presentó en rueda de prensa el vicepresidente de la Comisión responsable de Lucha contra el Fraude, Siim Kallas.
La principal novedad es la figura del asesor independiente, que se encargará de revisar las investigaciones y garantizar el respeto a las normas de procedimiento y el derecho a la defensa de las personas investigadas.
Este asesor podrá recibir quejas en cualquier fase de una investigación, tanto interna como externa, y tendrá acceso a toda la información interna de OLAF para comprobar si las reclamaciones están fundamentadas.
El asesor estaría a sueldo de OLAF -esa es la única manera de permitirle acceder a los archivos de la oficina, explicaron fuentes de la Comisión- y sería elegido por el director general del organismo, entre varios candidatos propuestos por la Comisión y previamente seleccionados por el comité supervisor de OLAF.
La Comisión también propone que el comité supervisor de OLAF -formado por expertos independientes y encargado de asegurar la independencia de las investigaciones- celebre reuniones periódicas con representantes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.
Esos encuentros servirían para acordar las áreas prioritarias de investigación de OLAF y garantizar un diálogo constructivo entre las instituciones en esta materia.
Otra de las novedades tiene que ver con las relaciones entre OLAF y los Estados miembros, que deberán informar a la oficina comunitaria de las medidas que adoptan en los casos sobre fraude que les derive OLAF, obligación que hasta ahora no existía.
Además, la propuesta de la Comisión amplía el mandato del director-general de la oficina, de los actuales cinco años (renovables por otros cinco) a siete (no renovables).
El director-general tendrá capacidad para decidir si se inicia o no una investigación sobre una determinada materia, o bien si se remite el caso a otra institución o al país miembro afectado
También establece el objetivo de reducir a una media de doce meses la duración de las investigaciones -que actualmente se alargan hasta 23 meses de media-, aunque admite la posibilidad de extender ese periodo, previa justificación del director-general. EFECOM
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