Bruselas, 3 abr (EFECOM).- El ministro de Industria español, Joan Clos, ha pedido a la Comisión Europea un "periodo de transición" de dos o tres años para suprimir las tarifas eléctricas reguladas, pero Bruselas recalca que si concluye que ese sistema constituye una ayuda ilegal podrá pedir a España su recuperación.
El ejecutivo de la UE abrió en enero pasado una investigación formal sobre las tarifas eléctricas reguladas, al sospechar que los precios artificialmente bajos de los que se beneficiaron los clientes industriales en 2005 pueden representar una ayuda de Estado ilegal.
En declaraciones a los periodistas en Bruselas, Clos consideró que este modelo -por el que en 2005 se devolvió a las empresas eléctricas 3.800 millones de euros para compensarles por la diferencia entre los costes y el precio de la electricidad- no es una ayuda de Estado, pues los fondos no proceden de los presupuestos.
El ministro aseguró que el Gobierno desea avanzar hacia un "régimen más abierto", pero recalcó que hace falta un periodo de transición, de dos o tres años, para minimizar el shock que la desaparición de las tarifas reguladas provocará a la industria.
En opinión de Clos, ese plazo de dos o tres años para pasar a un sistema de fijación de precios determinado por la evolución de los mercados internacionales y el juego de la competencia "es perfectamente asumible".
El ministro destacó, además, que España es en otros ámbitos del proceso de liberalización del sector de la energía un "país modélico" dentro de la UE y consideró que "una cosa debería ser por la otra".
Desde la Comisión Europea, el portavoz de Competencia, Jonathan Todd, señaló que su investigación sobre el modelo de tarifas eléctricas en España sigue adelante y explicó que puede tardar todavía meses en llegar a una conclusión.
Incluso si el Gobierno español modificara el sistema en el plazo de dos o tres años sugerido por Clos, Bruselas puede determinar que en 2005 -año al que afecta la investigación- las empresas recibieron ayudas de Estado ilegales y solicitar a Madrid su recuperación, recalcó Todd.
El objetivo de la Comisión es evaluar si las tarifas aplicadas en 2005 a las grandes y medianas empresas que tienen un elevado consumo energético y a los operadores tradicionales en el sector eléctrico supusieron una ayuda de Estado y, en caso afirmativo, si dicha ayuda "podría dar lugar a falseamientos desproporcionados del comercio y la competencia" dentro de la UE. EFECOM
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