Bruselas, 27 mar (EFECOM).- El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, lamentó hoy la "judicialización" de las operaciones empresariales en torno a Endesa y el alargamiento de este proceso, pues "no es bueno para las empresas ni para la vida financiera".
Solbes reconoció que "nos preocupa que un tema que afecta a la vida de las empresas esté pendiente de solución durante un periodo de tiempo tan largo".
Consideró, por el contrario, que la disputa con la Comisión Europea por las condiciones impuestas a la opa de E.ON, caso por el que mañana Bruselas llevará a Madrid ante el Tribunal de la UE, "es un tema que alarga pero que no entorpece" los movimientos empresariales.
En un receso de la reunión del Ecofin (ministros de Finanzas de los 27), el ministro destacó que, en la batalla por Endesa, estamos asistiendo a la "invención de nuevas alternativas" por parte de las diferentes compañías implicadas "que no encajan en la opa de carril" prevista en la legislación.
Solbes señaló que, aunque existen normas que regulan las concentraciones empresariales, éstas son interpretadas de manera distinta por cada parte interesada y es que, "por detalladas y bien hechas que estén las reglas, la realidad es mucho más rica y compleja".
Como consecuencia y por diferentes razones, las empresas interesadas en Endesa consideran que las actuaciones de rivales no encajan en la norma, añadió Solbes, quien destacó que "corresponde a los tribunales decidir".
"Lo lamento", señaló el vicepresidente, "porque la judicialización de las opas y el alargamiento de estos procesos al final no es bueno".
Respecto a qué hará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el 2,9 por ciento de las acciones que posee en Endesa, Solbes reiteró que "esperaremos hasta el último minuto" para decidir.
También se refirió a la decisión que mañana adoptará la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por las medidas "ilegales" impuestas a la opa de E.ON sobre Endesa y destacó que "es un tema que alarga pero que no entorpece".
Las decisiones de la corte europea sobre casos de este tipo suelen demorarse en torno a dos años.
El vicepresidente recordó que el Gobierno español ya dio vía libre a las dos opas que se han presentado por Endesa (Gas Natural, ya retirada, y E.ON) e incidió en que la disputa con Bruselas se centra en el margen de maniobra con que cuenta España para garantizar su seguridad energética.
Según la Comisión, al imponer determinadas condiciones para autorizar la opa del grupo alemán sobre Endesa, España vulneró el artículo 21 del reglamento europeo sobre fusiones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en operaciones de dimensión comunitaria como la de E.ON sobre Endesa.
Bruselas dictaminó, primero en septiembre y después en diciembre, que varias de las condiciones impuestas a la opa de E.ON -por la Comisión Nacional de la Energía y posteriormente por el Ministerio de Industria- son incompatibles con la legislación comunitaria, argumento que rechaza el Gobierno español.
Las exigencias que más preocupan a la Comisión son: obligar a E.ON a mantener la marca Endesa durante cinco años; no vender en ese plazo los activos eléctricos fuera de la España peninsular; utilizar sólo carbón de producción nacional, y no adoptar decisiones estratégicas que puedan afectar a la seguridad del suministro contrarias al ordenamiento legal español.
En opinión de Solbes, las diferencias entre Madrid y Bruselas constituyen "más un debate conceptual que algo que entorpezca la opa", pues se centran en definir el margen de que disponen las autoridades españolas para asegurar el suministro energético. EFECOM
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