A la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, le ha surgido un nuevo obstáculo en su cruzada contra el monopolio en el sector de las telecomunicaciones. Mientras parece que la avanzada nacinalización de Telecom Argentina no llega, hoy un tribunal ha anulado la orden gubernamental que obligaba a Telecom Italia a desprenderse de su filial. Italia niega que haya autorizado la fusión Telefónica-Telecom.
Además de esta decisión, la Cámara de lo Penal Económico ha urgido a la Corte Suprema para que inste al Ejecutivo la integración de un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, al considerar que ése es el órgano que "debe aplicar y controlar el cumplimiento" de la Ley de Defensa de la Competencia.
La decisión judicial de hoy se suma a la medida cautelar otorgada días atrás al grupo italiano que frenó la puesta en marcha del programa de desinversión impulsado por el Gobierno, que de inmediato apeló esa decisión.
El pasado mes de agosto, la Secretaría de Comercio Interior que ordenó a Telecom Italia desprenderse de sus inversiones en su filial argentina, después de que Telefónica comprase acciones de la matriz de su competidora, ya que el mercado argentino de telefonía básica se lo reparten entre Telefónica y Telecom Argentina.
El Gobierno argentino considera que la entrada de Telefónica en Telecom Argentina ha provocado una situación de monopolio en este país. Telefónica es socio mayoritario de Telco con un 46,2% de su capital. Telco, a su vez, cuenta con una participación del 22,4% de Telecom Italia. Y Telecom Italia es el socio mayoritario de Sofora, sociedad que controla Telecom Argentina.
"Sentido sancionatorio"
Según los jueces de la Cámara en lo Penal Económico, "la imposición de una carga gravosa como la establecida a título de condición por la Secretaría de Comercio al ordenar desinvertir la totalidad de la participación accionarial en un empresa constituida en el país tiene un claro sentido sancionatorio".
En su opinión, se trata de una obligación que "no puede disponerse por ninguna autoridad sin previamente escuchar y permitir el ejercicio del derecho a defensa por parte de quien resulta sancionado".
De las 67 páginas del fallo se desprende que la medida seguirá vigente mientras no se respete el derecho de las empresas involucradas a ser oídas en el marco de un proceso controvertido, y además aparta al polémico secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de seguir interviniendo en la cuestión.
En la resolución judicial, que no alude a la presunta situación de monopolio, los magistrados indicaron que las empresas extranjeras a las que se obliga a la desinversión "no fueron escuchadas ni tampoco advertidas, de manera que pudieran expresar sus descargos o sus explicaciones".
Kirchner podría nacionalizar pronto Telecom Argentina
