La Xunta de Galicia tiene guardado un as en la manga para presionar al Gobierno y al Banco de España y poder llevar a cabo la fusión de las dos cajas de la región. El Ejecutivo que preside Alerto Núñez Feijoó tiene la intención de recurrir el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) si ambas instituciones centrales se oponen a su proyecto para integrar Caixa Galicia y Caixanova.
Fuentes conocedoras de la situación explicaron a este periódico que la Xunta no cederá en sus posiciones, al considerar que el instrumento para recapitalizar las cajas de ahorros invade sus competencias, al conceder al supervisor los poderes para aprobar una operación de este tipo.
En las próximas semanas ambos gobiernos comenzarán las negociaciones sobre este asunto. Aunque todavía no hay una convocatoria oficial, el Ejecutivo autonómico prevé que el Ministerio de Política Territorial, que gestiona el vicepresidente Manuel Chaves, convoque la primera de las reuniones bilaterales para debatir sobre el Frob.
Informe jurídico preparado
En septiembre, seis comunidades autónomas, entre ellas Galicia, y el Gobierno central se dieron seis meses de plazo para analizar el fondo de rescate. Estas regiones tenían preparados ya unos informes jurídicos para acudir al Tribunal Constitucional, lo que amenazaba el desarrollo del proceso de reordenación del sector financiero.
Hasta el momento y a dos meses de que el periodo venza, las negociaciones bilaterales aún no han comenzado. "Si el plazo se agota sin que lleguemos a un pacto, acudiremos a la justicia", aseguraron fuentes cercanas a la Xunta. Subrayan que la presentación de un recurso "es todavía una de las posibilidades que se manejan" y que "no renunciamos a acudir a los tribunales, porque pensamos que el Frob es inconstitucional".
En la última semana la tensión entre el Ejecutivo autonómico, el Gobierno y el Banco de España se ha elevado a la enésima potencia. Mientras el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, opositor al plan de unir las dos cajas de la comunidad autónoma, acudía por primera vez a Galicia y se manifestaba a favor de las fusiones inter- regionales, la vicepresidenta de Economía, Elena Salgado, anunciaba indicios de inconstitucionalidad en la nueva ley de cajas gallega, una herramienta fundamental para garantizar el proyecto liderado por Feijóo.
La normativa, modificada a finales de diciembre, establecía una representación del 25% para la Asamblea regional en los órganos de gobierno de las entidades de ahorros. Con estos cambios, pactados entonces con el PSOE y BNG, pretendía asegurarse el sí a la integración, después de la férrea oposición mantenida por Caixanova y especialmente por su presidente, Julio Fernández Gayoso. Es más, la Xunta quiere que la renovación de los cargos prevista para mediados de este año en ambas cajas se produzca en los próximos días, antes de que se aborde el proyecto de fusión.
Si finalmente no se llega a un acuerdo sobre todas estas cuestiones y la administración autonómica impugna el Frob, cabe la posibilidad de que todo el proceso de reestructuración del sector financiero quedara paralizado. Esta situación se daría si el Constitucional decidiera imponer medidas cautelares contra el decreto.
Jurisprudencia
El Banco de España y el Gobierno fueron cuidadosos en la redacción de la normativa, que introdujo en el preámbulo una referencia a una sentencia de 1999 del propio Constitucional en el que se reconocía las funciones y competencias del regulador para la preservación de la solvencia de las entidades.
"La salvaguarda de dicha solvencia trasciende los casos concretos y protege un interés supraautonómico, cual es la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, que se ve negativamente afectado por las situaciones de insolvencia en que pudieran incurrir los sujetos integrantes del mismo, por lo cual se establecen mecanismos de aseguramiento de intereses de terceros y de saneamiento y reflotamiento de las entidades en dificultades, que tratan de restaurar la confianza en el sistema y que implican al conjunto de las entidades de crédito", explica el FROB.
El Banco de España no quiere que el proceso de reordenación se retrase más y el tiempo corre en contra, ya que el FROB aún no se ha utilizado y Bruselas ha dado de plazo hasta junio para su uso, aunque el periodo podría prorrogarse en base a otra negociación.
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