Empresas y finanzas

PP, PSOE e IU defenderán ante la UE la continuidad de la planta de Delphi

Bruselas, 21 mar (EFECOM).- Eurodiputados del PSOE, PP, IU y Los Verdes se comprometieron hoy a defender de manera "unida" ante la Comisión Europea el mantenimiento de la planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz), incluso si ello requiere conceder "ayudas públicas".

El comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, Vladimir Spidla, aseguró por su parte que estudiará el caso y buscará "soluciones", aunque fuentes comunitarias juzgaron "muy difícil" que la Comisión pueda impedir una 'deslocalización' dentro de la UE.

Tanto los diputados españoles como Spidla se entrevistaron hoy con los alcaldes de diez municipios afectados por los planes de Delphi de cerrar su fábrica, encabezados por el de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU), y la de Cádiz, Teófila Martínez (PP).

Los alcaldes, según relató Barroso, expusieron en sus encuentros una posición de principio: "no contemplamos ningún escenario donde se prevea el cierre de la planta".

Por ello, reclamaron a los parlamentarios españoles que defiendan ante la UE "cualquier actuación" futura de los gobiernos de Andalucía o España que garantice la supervivencia de la fábrica "aún cuando contraviniese la normativa comunitaria", en alusión a las reglas europeas que restringen la concesión de subvenciones en estos casos.

Barroso precisó que el primer objetivo es "convencer a Delphi de que no se vaya", pero si "no fuésemos capaces", se trata de apostar "por la intervención pública en los términos que sea: compra, capitalización de la empresa, acuerdo, ulterior enajenación y recuperación de los fondos invertidos".

Los eurodiputados españoles asumieron de manera "íntegra" la posición de los alcaldes, según el parlamentario de IU Willy Meyer.

"Sin ninguna duda, es una propuesta que apoyamos todos", señaló la eurodiputada del PSOE Francisca Pleguezuelo, al ser preguntada por la posibilidad de conceder ayudas públicas para salvar la planta.

El parlamentario del PP Salvador Garriga-Polledo precisó que la UE "es una comunidad de derecho" cuyas normas deben respetarse, pero convino en que "si las soluciones tienen que pasar por que existan más ayudas públicas, el Gobierno español tendrá el apoyo de todos los grupos de esta cámara para solicitarlo delante de todas las instituciones correspondientes".

La también 'popular' Teófila Martínez fue más allá y defendió la conveniencia de "cambiar" las normas europeas que restringen la intervención del Estado en este tipo de casos.

"A nosotros nos han dejado sin la industria naval civil por unas amenazas de multas y de acuerdos europeos. Ahora en cambio hay una situación con las opas y las eléctricas y, pese a las amenazas (de la Comisión Europea), las cosas se hacen", apuntó la alcaldesa.

Por su parte, el comisario Spidla, que recibió hoy a los alcaldes durante unos 20 minutos y mañana se entrevistará con el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, reconoció ante los periodistas que no conoce el caso en sus detalles "jurídicos", aunque se comprometió a estudiarlo y "buscar soluciones".

Sobre la posibilidad de que Delphi abandone Puerto Real pese a haber percibido subvenciones vinculadas a su continuidad, se limitó a señalar que, si ha recibido ayudas del Fondo Social Europeo y no ha cumplido su reglas, "naturalmente vamos a recuperar las ayudas".

Fuentes comunitarias subrayaron, no obstante, que para la Comisión Europea es "muy difícil" impedir que una empresa traslade su producción, incluso si es de un Estado miembro de la UE a otro, y que las herramientas existentes están dirigidas más bien a paliar las consecuencias del cierre que a prevenirlo.

En cuanto a la posibilidad de que haya una intervención de la Administración pública en España para mantener la fábrica, las fuentes recordaron que las reglas europeas restringen este tipo de actuación para mantener "un equilibrio y una competencia justa"

La delegación gaditana que acudió a Bruselas estaba integrada por los alcaldes de Chiclana, Puerto Real, Cádiz, San Fernando, Puerto Santa María, Jerez, Conil, Medina y Rota, y un representante del Ayuntamiento de San Lúcar de Barrameda. EFECOM

adp/prb

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