Madrid, 18 mar (EFECOM).- El Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tratará de aprobar esta semana la nueva lista de operadores principales de los mercados energéticos, una cuestión clave para determinar si la italiana Enel puede ejercer plenamente sus derechos políticos en Endesa.
El Consejo del regulador energético se reúne habitualmente los jueves, pero no se descarta algún encuentro previo.
Enel, que controla un 24,9 por ciento de Endesa -un 9,9 por ciento de forma directa y el resto mediante derivados financieros pendientes de ejecutar-, ha pedido al Gobierno y a la CNE que no se limiten sus derechos políticos.
Los derechos de voto de la compañía italiana en Endesa podrían quedar limitados al 3 por ciento por dos circunstancias: porque es propietaria de Viesgo, la quinta eléctrica española, y porque tiene capital público.
La primera cuestión debe ser resuelta por la CNE, mientras que la segunda es competencia del Consejo de Ministros, previo informe del regulador energético.
Según el Real Decreto-Ley 6/2000, una empresa no puede ejercer derechos de voto por encima del 3 por ciento en más de una sociedad considerada operador principal de los sectores energéticos.
Hasta ahora, Viesgo ocupaba el quinto lugar en la lista de operadores principales del sector eléctrico, pero este año puede ser desplazada por Gas Natural.
En ese caso, desaparecería uno de los supuestos que acarrearían la limitación de los derechos de voto de Enel en Endesa.
El Consejo de la CNE tenía previsto resolver esta cuestión el pasado jueves, pero finalmente no pudo tomar una decisión, porque, según su presidenta, Maite Costa, el regulador energético había recibido nuevos documentos que "es necesario analizar".
En cuanto a la posible limitación de los derechos políticos por la presencia de capital público en Enel, la CNE deberá elaborar un informe, a petición del Ministerio de Industria, que será tenido en cuenta por el Consejo de Ministros para tomar una decisión.
La Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000 limita al 3 por ciento los derechos de voto de compañías extranjeras con capital público que entren en empresas energéticas españolas, aunque estas restricciones pueden ser levantadas por el Gobierno.
Por ejemplo, en 2004, el Ejecutivo autorizó a la portuguesa EDP, participada en un 24 por ciento por el Estado luso, a ejercer plenamente sus derechos políticos en Hidrocantábrico (ahora HC Energía).
La CNE debe decidir también si autoriza a Enel a superar el 10 por ciento del capital en Endesa. EFECOM
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