Toledo, 14 mar (EFECOM).- La Junta de Castilla-La Mancha y la Fiscalía General del Estado firmaron hoy un protocolo para fortalecer los mecanismos de coordinación para hacer más efectivo el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y la persecución de las conductas delictivas.
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, rubricaron hoy el convenio, que fomenta el intercambio rápido de información entre la Administración regional y la Fiscalía y la mejora de la formación del personal de ambas instituciones.
El Gobierno se compromete a poner en conocimiento de la Fiscalía las actas de infracción que se deriven de accidentes de trabajo con resultado de lesiones muy graves o fallecimiento, las que den lugar a propuestas de sanción grave o muy grave, las actas de vulneración de la normativa cuando se trate de menores o colectivos sensibles y aquellas que muestren indicios de delitos relacionados con la seguridad y salud laboral.
Por su parte, el Ministerio Público informará periódicamente de las acciones llevadas a cabo en relación con las actas remitidas y de la situación de los procedimientos administrativos suspendidos por imperativo legal al concurrir la vía administrativa con la penal.
La segunda vertiente del convenio afecta a la formación, de modo que ambas partes se comprometen a la organización de jornadas técnicas en materia prevención de riesgos laborales y de formación sobre régimen jurídico penal destinada a los funcionarios de ambos organismos.
Se establece una comisión mixta de seguimiento, integrada por dos miembros de la Administración y otros dos de la Fiscalía, encargada de analizar el cumplimento de los acuerdos del convenio, que tiene vigencia hasta finales de 2007, pero se renovará de forma automática cada dos años si ninguna parte lo denuncia.
Conde Pumpido aseguró que desde hoy los trabajadores de la región deben saber que están "un poco más seguros", porque las autoridades laborales y el fiscal trabajan "más unidos y con mejores instrumentos" en la protección de sus derechos laborales, de su salud, su integridad física y su vida.
El fiscal general del Estado dejó claro que estos acuerdos -ya firmados en otras comunidades autónomas- no pretenden "criminalizar la actividad económica ni perseguir a ningún colectivo, ni de empresarios ni de profesionales", sino que buscan "perseguir con eficacia a quienes cometen hechos delictivos".
Aseguró que este instrumento ya ha demostrado su eficacia en otros lugares y subrayó el éxito del esfuerzo conjunto realizado, puesto que el número de muertes por accidentes laborales que se investigan judicialmente ha crecido un 25 por ciento desde 2004.
En los casos de lesiones cada año desde 2004 se duplican los procesos, añadió Conde Pumpido, quien valoró que se hayan empezado a dictar sentencias por situaciones de peligro, sin necesidad de que ocurra el accidente.
Agradeció la colaboración mostrada por todos los colectivos implicados, en especial las Administraciones autonómicas, cuya complicidad y plena cooperación es -dijo- uno de los factores esenciales en la mejora de la lucha contra la siniestralidad.
José María Barreda aseguró que, además de la tarea de prevención de accidentes, es fundamental que exista coordinación para que, una vez que se producen los siniestros, la actuación sea "más rápida, más eficaz, más clara y más justa" para aclarar los hechos y deducir las posibles responsabilidades.
El presidente regional, quien dejó claro que no se trata de culpar a ningún colectivo, insistió en que la coordinación entre administraciones es fundamental para prevenir la siniestralidad y para garantizar que los derechos de todos los ciudadanos estén plenamente garantizados. EFECOM
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