Presionan al Gobierno para que la nueva Ley de Cajas limite al 25% la representación política. El 'lobby' financiero cuenta con el apoyo del Banco de España y de prestigiosas instituciones.
Siéntese frente a un ordenador y escriba... ¡Ya es usted periodista! A pesar de la hipérbole, la situación podría asemejarse a lo que ocurre en los consejos de administración de buena parte de las cajas de ahorros españolas, que aprovechan la posibilidad que les brinda la Ley de que los políticos ocupen hasta el 50 por ciento de los órganos de gobierno de estas entidades sin atender a su formación en materia financiera. Pero las cajas, el Banco de España y diversas instituciones han dicho ¡basta ya! Y han comenzado a liderar un movimiento para que esa representación se reduzca a la mitad.
Según ha podido saber elEconomista en fuentes cercanas a las negociaciones, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) está siendo una de las más activas en este proceso, que supondría recortar al 25 por ciento la presencia política en los consejos de administración, una opción que también fue bien acogida por el propio Banco de España.
Cuenta atrás para la reforma
Las mismas fuentes aseguran que después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya puesto fecha a la modificación de la Ley de Cajas -el segundo semestre de 2010-, los contactos se habrían intensificado a través de reuniones periódicas con diputados nacionales, políticos regionales y otras instituciones a las que el Ministerio de Economía pedirá opinión sobre la reforma legal que tiene previsto acometer el Ejecutivo.
El movimiento en favor de la profesionalización de las cajas de ahorros se ha encontrado con el sólido apoyo del Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), una organización de referencia que agrupa a los principales directivos y miembros de consejos de administración de empresas españolas y en el que también hay 22 miembros de las 45 cajas de ahorros españolas.
Esta Institución acaba de remitir formalmente al Gobierno, las Administraciones Públicas y los diferentes organismos concernidos por la Ley de Orgánica de las Cajas de Ahorros (Lorca), un decálogo en el que uno de sus puntos más destacados es, precisamente, la reducción a la mitad de la representación política en los consejos de administración de las cajas de ahorros.
"Los problemas de las cajas son, básicamente, dos: la injerencia política excesiva y la falta de profesionalización", explica el presidente de IC-A, Juan Álvarez-Vijande en conversación con elEconomista, que pone de relieve que muchos de los consejeros que forman parte de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros españolas ni siquiera saben las responsabilidades que asumen por formar parte de los consejos de estas entidades.
Ante esta situación y la anunciada reforma de la Lorca, este Instituto ha decidido mover ficha y ha lanzado un decálogo para mejorar el gobierno corporativo de las cajas de ahorros.
Freno a las injerencias
Bajo el argumento de que "la injerencia del mundo político en el gobierno de estas entidades puede haber contribuido a una crisis de determinadas cajas de ahorros y por ello a un sobrecoste económico y social que ha de pagar toda la sociedad", el IC-A reclama la necesidad de aumentar la capacitación y la profesionalización de los administradores.
¿Cómo? Mediante formación periódica tanto en las funciones y responsabilidades como consejeros, como formación específica del sector financiero, "porque nadie nace sabiendo de una actividad que no es común a sus normales actividades profesionales", apostilla el presidente del Instituto.
En este sentido, IC-A se ofrece a dar una formación específica a los futuros consejeros a través de una serie de cursos que a lo largo de 2009 ya ha ido desarrollando con éxito. Pero este Instituto también ve necesario aumentar la independencia de los consejos, situar su composición en un máximo de 15 miembros, evaluar periódicamente a los consejeros así como su contribución como administradores, y hacerse acreedores de las responsabilidades legales personales derivadas del incumplimiento de los estatutos de la entidad.
Dictamen profesional
El decálogo de IC-A también propone que se recabe el dictamen de profesionales internos o externos, y algo que puede parecer baladí que en algunas entidades, el propio Instituto ya ha llegado a constatar a la hora de votar: "no aprobar aquello que no se entiende, no se es capaz de explicar a un tercero, y/o o con lo que no se está de acuerdo".
En pleno desarrollo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el IC-A también solicita que las cajas de ahorros que recurran a ese mecanismo se liberen del veto autonómico ya que ese dinero para sanear a la entidad procede del presupuesto del Estado y no del autonómico.
