Nuevo lío autonómico. Cinco comunidades autónomas -cuatro de ellas gobernadas por el PP- han comenzado a dotarse de superpoderes ante la avalancha de fusiones virtuales o frías que se avecina ante la premura del Banco de España por recibir proyectos de integración antes de que termine el año.
Aunque Andalucía fue la pionera en desarrollar la legislación por la que se le otorga al Gobierno regional socialista el derecho de veto ante los proyectos de Sistemas Institucionales de Protección (SIP) que se le presenten, cuatro gobiernos regionales del PP se han apuntado a una legislación que le confiere pleno poder para tumbar cualquier proyecto de fusión que les surja.
Aunque Galicia y la Comunidad Valenciana aún no han materializado sus anuncios de introducir las enmiendas que permitan a sus consejeros tener la última palabra sobre los SIP, Madrid ha aprobado en la Comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea regional fijar la competencia del consejero de Hacienda, Antonio Beteta, para la autorización de los SIP. La enmienda por la que se dota de mayores poderes al consejero autonómico se introdujo en la Ley de Presupuestos que el próximo martes está previsto que sea ratificada en el pleno de la Asamblea regional.
Castilla y León parece haber tenido más prisa. PP y PSOE introducían ayer una enmienda por la que de forma inmediata hace preceptiva y vinculante la autorización del Ejecutivo regional para que las entidades de ahorro de la Comunidad puedan participar en cualquier sistema institucional de protección que suponga una alianza o integración. Hasta ahora este requisito sólo se establecía para las fusiones.
Sin embargo, la decisión adoptada por las Comunidades Autónomas -en su mayor parte populares- choca de frente con el proyecto que desarrolla el PP nacional y que busca el apoyo político e institucional para que los SIP sean considerados una nueva modalidad de entidad financiera suprarregional que se sume a las cajas, los bancos y las cooperativas de crédito.
Según aseguran fuentes políticas consultadas por este diario, la fórmula ideada por el PP pretendería recoger la demanda latente en el sector de que la institución que surja de los SIP sea una caja y no un banco, pero se trataría de una especie de caja sobre la que no tendría cabida el veto autonómico.
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Quintás: Algunos quieren convertir las cajas en bancos
