Madrid, 7 mar (EFECOM).- El Senado aprobó hoy el proyecto de ley que fija la transparencia tanto en las relaciones financieras entre las Administraciones y las empresas públicas, como en la actuación de determinadas compañías que antes fueron un monopolio público y que ahora operan en régimen de competencia.
El proyecto de ley recibió 223 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.
Antes hubo que votar una propuesta de veto de CiU a la futura norma, ya que, según el senador catalán Carles Alfred Gasoliba el proyecto de ley recorta competencias autonómicas en la materia.
La propuesta de veto recibió 216 votos en contra, siete a favor y nueve abstenciones.
Según el Gobierno, el proyecto de Ley ayudará a evitar abusos de posición dominante por determinadas empresas ligadas a los poderes públicos y controlará las relaciones financieras entre estas empresas y las Administraciones Públicas.
Asimismo, transpone a la normativa española dos Directivas comunitarias de 26 de julio de 2000 y de 28 de noviembre de 2005 relativas a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros, las empresas públicas y determinadas empresas.
En concreto, se regulan obligaciones específicas de información que deben dar cierto tipo de empresas, siempre y cuando alcancen un tamaño determinado, como son empresas públicas vinculadas a cualesquiera de las Administraciones Públicas.
Deberán dar cuenta sobre los fondos que reciban de las administraciones públicas, su motivación y utilización efectiva, así como los objetivos que se persiguen con su concesión.
También deberán dar esa información las empresas a las que las administraciones hayan concedido derechos especiales o exclusivos o confiado la gestión de un servicio de interés económico general, las cuales deberán llevar cuentas separadas sobre los ingresos y costes correspondientes a cada actividad y los métodos de asignación e imputación empleados.
Además, las empresas públicas que desarrollen su actividad principal en el sector manufacturero deberán informar específicamente sobre cualquier tipo de intervención pública, así como sobre las transacciones realizadas con otras compañías del grupo o con otros grupos de empresas públicas.
Sobre toda esta entrega de información a la Comisión Europea, Gasoliba dijo que a Cataluña no le hace falta que se la "lleve" la Administración General del Estado y reclamó que la pueda enviar por sí sola, sin la tutela estatal.
Desde el PP, Antonio Beteta, le recordó que el Estado central existe, mientras que Carlos Chivite (PSOE) le replicó que el proyecto de ley no "coarta" la representación de Cataluña en Europa
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