Madrid, 6 mar (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cegó hoy una de las opciones que los analistas barajaban para que el grupo alemán E.ON pudiera hacer frente a la entrada de Enel en el capital de Endesa, la compra de acciones de la eléctrica española en el mercado.
En la arena política, el Gobierno italiano se desvinculó de la operación y el PP dio una nueva vuelta de tuerca y pidió la creación de una comisión de investigación, petición que el PSOE se apresuró a rechazar.
Aunque la opa de E.ON parece estar contra las cuerdas, la Comisión Europa (CE) insiste en que el Gobierno español debe retirar las condiciones impuestas.
El presidente de la CNMV, Manuel Conthe, puso fin hoy a un debate que llevaba días coleando y explicó que, actualmente, E.ON no puede comprar acciones de Endesa en el mercado porque el proceso se rige por los criterios de opas competidoras.
Conthe admitió que la situación podría cambiar, pero lo consideró "improbable".
Según Conthe, el Consejo de la CNMV optó por mantener el proceso de opas competidoras a pesar de la retirada de Gas Natural porque, a su juicio, era la interpretación más "sensata y lógica".
El presidente de la CNMV dijo que el supervisor bursátil empezará a analizar esta semana la denuncia presentada por el PP contra el Gobierno y Enel por presunta concertación y uso de información privilegiada.
Conthe explicó que la denuncia se analizará "con mucho detalle y relativa rapidez" y que la decisión se hará pública.
El Grupo Popular dio hoy un nuevo paso en su oposición frontal a la entrada de Enel en Endesa y planteó la constitución de una comisión parlamentaria de investigación.
Según el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, "hay evidentes responsabilidades políticas" que el Parlamento debe esclarecer.
El portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, dijo que en este caso "no hay nada que haya que investigar", ya que se trata de una actuación respetuosa con las leyes del mercado.
López Garrido subrayó que es el PP el que tiene que aclarar qué intereses defiende con su denuncia.
El portavoz socialista dijo que "es evidente que estamos ante decisiones empresariales" adoptadas por empresas, con las que el Gobierno español ha sido "absolutamente respetuoso".
En la misma línea, el ministro italiano de Economía y Finanzas, Tommaso Padoa-Schioppa, de visita en Madrid, señaló que la entrada de Enel en Endesa es una decisión estratégica de una empresa en la que su Gobierno no ha tomado parte.
"El Gobierno italiano no participa y es neutral ante estas grandes estrategias industriales", afirmó.
Padoa-Schioppa se reunió con el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, pero, según fuentes del Ministerio español de Economía, no hablaron de la entrada de Enel en Endesa.
El ministro italiano se refirió a las declaraciones efectuadas ayer por el portavoz adjunto del Grupo Popular, Vicente Martínez-Pujalte, en las que calificaba la actuación de Enel de "opa a la siciliana".
"A lo mejor no había intención ofensiva o crítica. Es un cumplido. Quién haya estado en Sicilia lo entenderá", dijo.
Muy diferente fue la reacción del subsecretario del Ministerio italiano de Desarrollo Económico, Sergio D'Antoni, quién exigió a Martínez Pujalte que "se retracte" y pida perdón al pueblo siciliano por "sus ofensivas palabras".
En el ámbito estrictamente empresarial, las acciones de Endesa bajaron hoy un 0,48 por ciento a la espera de que E.ON aporte mañana, en la presentación de resultados, algún dato sobre su estrategia futura.
Sobre este asunto, el presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), Enrique de Aldama, aventuró hoy que los accionistas de Endesa que resulten de la opa de E.ON "tendrán que ponerse de acuerdo para gestionar la compañía".
Aunque el foco de atención está ahora en Enel, la CE dará mañana un paso más en el procedimiento abierto contra España por las condiciones impuestas al grupo alemán para autorizar su opa sobre Endesa.
El Ejecutivo comunitario tratará el caso en su reunión semanal y enviará un dictamen motivado, el segundo paso en los procedimientos de infracción, según explicó el portavoz de Competencia de la CE, Jonathan Todd.
La CE concederá siete días al Gobierno español para que retire las condiciones, en vez de los dos meses habituales. EFECOM
mam/jlm
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