Los ministros de Economía y Finanzas de los 27 países de la UE alcanzaron ayer un principio de acuerdo que despeja la próxima modificación de la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a las transacciones de derechos para emitir CO2. Objetivo: luchar contra el fraude creciente en la recaudación del IVA sobre el mecanismo de comercio de emisiones, uno de los sistemas para que las empresas reduzcan sus emisiones.
Elena Salgado, vicepresidenta española y titular de las carteras de Economía y Hacienda, se felicitó por el acuerdo para introducir la denominada autoliquidación y aseguró que España ya aplica esta medida hace unos meses.
Según la Comisión Europea, el fraude hace que se pierda el 10 por ciento de la recaudación del IVA. Para cortar la hemorragia, Bruselas propuso en septiembre un plan experimental, temporal, parcial y voluntario de autoliquidación del IVA en transacciones entre empresas. Tras el acuerdo unánime de ayer, los Estados que lo deseen podrán modificar este impuesto hasta el 30 de junio de 2015.
Comercio de licencias
Los cambios sólo se aplicarían al comercio de licencias para emitir CO2. Aún no hay acuerdo para aplicarlo también, como proponía Bruselas, a los teléfonos móviles, los micro procesadores o chips, perfumes y metales preciosos.
Las empresas que vendan licencias de emitir CO2 no recaudarían el IVA correspondiente, ni tendrían que entregarlo a Hacienda. Las que los compran, declararían el IVA de esta operación en su liquidación; pero como no lo han pagado, no podrían solicitar su devolución o su deducción. No es una exención del IVA: aunque no haya recaudación, el impuesto se aplica; y las empresas que participan en la transacción mantienen el derecho a deducir el IVA de otras transacciones.
Bruselas intenta evitar el siguiente fraude: la empresa que vende se esfuma y sus responsables se quedan con el IVA recaudado. La que compra reclama con una factura válida su deducción a Hacienda. Y las arcas públicas deben devolver un IVA que ni han visto.
El caso es más grave cuando la misma trampa se repite al trepidante ritmo de un carrusel y se produce una sucesión de trasacciones múltiples entre una infinidad de empresas en diferentes países de la UE. Las autoridades públicas se quedan atónitas y fuera de juego.
