Iberia espera poder ratificar en abril su acuerdo de fusión con British Airways (BA), siempre que esta última haya sido capaz de encontrar antes una solución al déficit de sus fondos de pensiones y se conozca exactamente el coste de la medida, informaron fuentes próximas al accionariado de la española.
El memorando de intenciones suscrito por los consejos de administración de ambas aerolíneas el pasado jueves señalaba que Iberia tiene derecho a decidir si se materializa la fusión una vez conozca el acuerdo final entre BA y los administradores de sus fondos de pensiones, cuyo déficit supera 3.000 millones de euros.
La solución de BA a este "escollo", explicaron las mismas fuentes, se espera que se alcance en el primer trimestre del año, para que ya en abril, Iberia conozca a cuánto asciende el coste de la medida y esté "en condiciones" de decidir si le interesa ratificar el proyecto de fusión.
En caso contrario, hay que recordar que está fijada una penalización de 20 millones de euros para determinados supuestos de ruptura del acuerdo.
Plan estratégico
Pero hasta entonces, las dos compañías trabajarán en la elaboración de un plan estratégico conjunto, con el fin de que si en abril Iberia confirma que le interesa fusionarse con BA convoquen en junta a sus accionistas antes del verano.
En ese encuentro, las aerolíneas presentarían las "virtudes" de la operación de fusión, para que la operación pueda estar cerrada en octubre y permita que ya en noviembre las acciones del nuevo grupo aéreo denominado TopCo coticen en el selectivo londinense FTSE-100 y, previsiblemente, en el mercado continuo español.
Según las bases del acuerdo de fusión, los accionistas de Iberia tendrán una participación del 45% en TopCo y los de BA, del 55%.
De forma que los accionistas de la británica recibirán una acción ordinaria del nuevo grupo por cada título que posean, mientras que los de Iberia, por cada acción tendrán 1,0205 de TopCo.
La idea es que la creación de este grupo no impida que las dos aerolíneas conserven sus respectivas marcas y operaciones, al tiempo que potencien sus bases operativas (hubs) en Madrid y Londres.
Garantizar la nacionalidad
En definitiva, explican fuentes conocedoras del proceso, se trata de garantizar la nacionalidad de ambas compañías y para ello el acuerdo de fusión incluye la creación de dos nuevas sociedades con derechos políticos, no económicos.
En el caso español, esa nueva entidad quedaría participada en un 85% por Caja Madrid y el resto, por El Corte Inglés.
Y es que hay que recordar que el grupo resultante de la fusión, que será uno de los tres mayores del mundo, tendrá residencia fiscal en España y su sede social en Madrid, en tanto que la financiera y operativa estará en Londres.