BBVA quiere entregar las acciones, pero con seguridad jurídica

La administradora de fondos de pensiones Previsión, filial del grupo financiero español BBVA, quiere entregar al Estado boliviano las acciones que gestiona de empresas petroleras nacionalizadas y sólo pide hacerlo con seguridad jurídica, explicó su gerente general, Ildefonso Núñez.

"La voluntad es entregar las acciones, pero en un escenario legal que nos deje sin miedo a que los bolivianos o futuros gobiernos se nos echen encima", dijo Núñez a EFE, y aclaró que no se trata de acciones propiedad del BBVA.

Las acciones pertenecen en teoría a los bolivianos que tenían más de 21 años hace una década, cuando las empresas Andina, Chaco y Transredes fueron privatizadas, pero el gobierno del presidente socialista Evo Morales ordenó endosarlas "a título gratuito" a la petrolera estatal YPFB.

Núñez explicó que desde el 4 de mayo, tres días después del decreto de nacionalización de los hidrocarburos, ha tenido conversaciones con el gobierno sobre la entrega de las acciones, en las que no se había avanzado, y que por ello comprende que morales haya dado ayer un ultimátum de tres días.

Puede lograrse un acuerdo
El gerente general de BBVA Previsión no descarta que se logre un acuerdo en esos días, pero el gabinete jurídico, entre tanto, estudia la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el apremio del gobierno.

Según algunos juristas bolivianos, las acciones de las petroleras privatizadas hace una década y re-nacionalizadas ahora fueron entregadas a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) por una ley aprobada por el congreso y eso no puede anularlo un decreto gubernamental, de menor rango.

Núñez no quiso entrar en muchos detalles sobre esas disquisiciones jurídicas y técnicas, e insistió en que el BBVA quiere lograr con el gobierno, mediante diálogo, "un punto de entendimiento".

Dudas sobre el decreto
"Va ser difícil oponernos. Hay un decreto que, por ahora, no se ha demostrado que sea inconstitucional. Sólo queremos seguridad jurídica de que en el futuro no nos demandarán por entregar a YPFB las acciones", añadió.

"Estamos valorando la posibilidad de recurrir por inconstitucionalidad el decreto. Estamos en la duda de llevarlo a cabo o no tras las negociaciones de hoy con las autoridades. Depende de esas conversaciones", explicó.

Las acciones de las petroleras renacionalizadas que administra Previsión suman cerca de 300 millones de dólares y la segunda AFP involucrada, Futuro, filial del grupo de seguros suizo Zúrich, una suma similar.