Valencia, 19 feb (EFECOM).- Un total de 350 empresas de la Comunitat Valenciana corren peligro de cierre por no cumplir con la directiva europea de control de contaminación, informan fuentes de CCOO.
El citado sindicato advierte que muchos complejos industriales, entre ellos 93 cerámicas, pueden quedar en situación ilegal al no haber obtenido antes del 30 de octubre la Autorización Ambiental Integrada (AAI), de cuyo trámite se encargan las CCAA.
El sindicato denuncia en un comunicado "el retraso y la falta de voluntad de la administración valenciana en aplicar estas normas".
En la Comunitat Valenciana las empresas afectadas se elevan a un total de 438, señala el sindicato CCOO.
De ellas, menos de un 15 por ciento han obtenido la Autorización Ambiental Integrada, cuando faltan sólo 8 meses para que se agote el plazo de su obtención.
De las 438 empresas valencianas afectadas, 208 superan los umbrales establecidos en los registros de 2004, último registro público existente.
Esto significa que esas empresas han de realizar un esfuerzo suplementario para adaptarse a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, ya que de no hacerlo se encontrarán fuera de la ley y con riesgo de que sus instalaciones sean clausuradas, indica CC.OO.
Estos 208 complejos industriales se dividen por sectores en: 2 combustión, 14 metal, 5 cementeras, 13 del vidrio, 93 cerámicas, 11 químicas, 12 de tratamiento de residuos, 6 papeleras, 8 textiles, 39 ganaderas y agroalimentarias y 5 de consumo de disolventes.
La Directiva 96/61/CE de prevención y control integrado de la contaminación (conocida como IPPC por sus siglas en inglés) establece que determinadas industrias contaminantes tienen que obtener antes de octubre de 2007 un permiso que no sólo depende del cumplimiento estricto de la normativa ambiental, sino que implica prevenir y reducir la contaminación, indica el sindicato.
Para CCOO la ley española que regula el procedimiento de AAI señala que son las CCAA las encargadas de su tramitación.
"Si tenemos en cuenta el número de tramitaciones realizadas, en octubre 350 instalaciones valencianas podrían estar en situación ilegal", indica el sindicato.
Según CCOO PV, este retraso se debe a factores que varían en función de cada autonomía.
En la Comunitat Valenciana, se ha observado una insuficiente dotación de medios humanos en la Conselleria de Territorio para acometer una tramitación técnicamente compleja.
Además, la Generalitat no ha determinando adecuadamente los Valores Límite de Emisión que tiene que fijar para cada industria, debido a que no existen suficientes estudios e indicadores ambientales locales y a una falta de voluntad política para reorientar la industria de forma ecológica.
Para CCOO PV esta normativa europea es una buena oportunidad para mejorar la competitividad de nuestro tejido industrial, reducir sus impactos ambientales y avanzar en su sostenibilidad a largo plazo, así como para mejorar las condiciones laborales y de salud de los trabajadores.
Por ello exige CC.OO que, en los meses que quedan, administración y empresas se esfuercen en adaptarse a las exigencias medioambientales. EFECOM
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