La última junta de accionistas de SOS, que se saldó con la salida del consejo de administración de Jesús y Jaime Salazar, propietarios en conjunto del 18% del capital, puede acabar anulada en los tribunales. El juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid ha admitido a trámite una de las dos demandas interpuestas por los dos hermanos para impugnar la junta y está estudiando ahora la revocación de todos los acuerdos adoptados en la misma.
Mientras, y a la espera de que se resuelva el caso, los hermanos Salazar han pedido ya medidas cautelares, como la suspensión de los nombramientos en el consejo. Si el juez lo acepta, el independiente José Miguel Salinas y el representante de Ahorro Corporación, Antonio Fernández, deberán abandonar el máximo órgano ejecutivo y permitir de nuevo la entrada en el mismo tanto de Jesús como de Jaime Salazar.
Impugnar la junta
Según han confirmado fuentes jurídicas próximas al caso, el juez ha admitido, en concreto, la demanda de Jaime Salazar, que se interpuso a través de la sociedad Alván, quedando pendiente de resolver todavía, en cambio, la de Jesús. Con el auto, que tiene fecha del pasado 17 de septiembre, se abre además la puerta a la posibilidad de nuevas impugnaciones.
De hecho, el inversor suizo Daniel Klein, que controla otro 9,83% del capital y fue expulsado del consejo durante la misma junta de accionistas, también se había planteado la posibilidad de acudir a los tribunales. De momento, y a la espera de nuevos movimientos, el juez se ha dirigido ya a la compañía para conocer su versión de los hechos. El grupo SOS declinó ayer, sin embargo, hacer ningún comentario al respecto.
La junta de SOS rechazó el pasado 29 de junio con más del 60% de los votos emprender además acciones legales contra las cajas de ahorros andaluzas, que no sólo conocían y dieron luz verde al autocrédito de 212 millones a los hermanos Salazar, sino que prestaron además garantías al mismo, evitando asimismo que se revocara el sueldo al nuevo consejero delegado, José Manuel Muriel, que cobrará 1,7 millones de euros, seis veces más que su antecesor en el cargo, Jaime Salazar.
Caja Madrid, Unicaja, Cajasur, Cajasol, Caja Granada y Ahorro Corporación se hicieron con el control absoluto de la compañía y dejaron sin representación alguna al resto de mayoritarios.
La impugnación de la junta de accionistas no es, sin embargo, el único frente de batalla abierto por Jesús y Jaime Salazar. En la asamblea, el ex presidente del grupo confirmó también que ha presentado una demanda contra las cajas andaluzas, admitida a trámite, para que devuelvan las garantías comprometidas en el polémico crédito de 212 millones de euros concedido a la sociedad Condor Plus, vinculada a los dos hermanos. El ex presidente de SOS defendió durante su intervención en la junta que esta firma no se creó exclusivamente para ser destinataria del crédito, y que sirvió en más ocasiones como vehículo para diversas operaciones del grupo.
Pero los hermanos Salazar tampoco lo tienen nada fácil y se enfrentan a una querella presentada por la compañía ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de apropiación indebida. Jesús y Jaime tendrán que declarar en la Audiencia los próximos días 7 y 8 de octubre. La fiscalía ha emitido ya un informe en el que admite la posibilidad de que ambos pudieran haber organizado una trama durante su gestión al frente de la compañía, líder mundial del aceite con marcas como Carbonell, Koipe y Bertolli.
El fraude
El fraude consistiría en el desvío de 230 millones de euros desde SOS a sociedades particulares, no sólo en España, sino también en Luxemburgo, donde hasta ahora está permitido el secreto bancario y en donde, por lo tanto, es más fácil la comisión de un posible fraude fiscal.
La fislcalía apunta a que el dinero se habría desviado a través de las firmas Condor Plus, Aceites Cañaveral y Arve Investment, una sociedad con domicilio social en la capital luxemburguesa.
Y de ahí, presuntamente, los Salazar lo habrían repartido entre las distintas sociedades patrimoniales de la familia. Siempre según los datos que maneja el fiscal, en la red estarían implicadas un total de 24 sociedades y ocho personas físicas. Tanto Jesús como Jaime Salazar mantienen, en cambio, que no han sacado ni un sólo euro de la empresa sin el conocimiento del resto de los accionistas y que el dinero se utilizó para comprar acciones que iban a ser vendidas posteriormente a un fondo soberano de Libia.
El problema es que el Gobierno de este país se echó finalmente atrás tras la quiebra de Lehman Brothers, con lo que los Salazar se habrían quedado atrapados y sin posibilidad de devolver el dinero. Para evitar el embargo de sus títulos, ambos solicitaron antes del verano el concurso de acreedores de todas sus sociedades patrimoniales.
La situación de SOS
El problema para SOS es que, al margen de los conflictos accionariales, el desvío de 230 millones le ha ocasionado un serio agujero en sus cuentas.
La compañía perdió el año pasado 191 millones y ha sufrido otra vez en el primer semestre números rojos por un importe de 66,7 millones, lo que ha impedido que pueda repartir el interés a los inversores que han apostado por sus participaciones preferentes. Y lo peor es que el auditor ha señalado que su viabilidad está en peligro si no consigue refinanciar una deuda con la banca que supera ya los 1.500 millones de euros.
El grupo ha encargado a Credit Suisse la presentación de un plan de reestructuración que podría saldarse con varias desinversiones, entre lo que se incluye, por ejemplo, la división de arroz. Todo dependerá de cómo vaya la negociación.
Las preferentes de SOS valen un 70% menos
