Iberdrola envió ayer a la CNE un escrito de alegaciones a la petición de ACS de obtener derechos políticos por su participación del 12% en la eléctrica. La eléctrica reclama que se cumpla la ley y que se tengan en cuenta los precedentes existentes como el del BBVA, que tuvo que reducir sus derechos políticos en Repsol y luego vender.
De este modo, la eléctrica vasca pide, aunque sea veladamente, que a la constructora de Florentino Pérez no se le permita ejercer más de un 3% de derechos políticos.
La CNE y ACS, no obstante, se iban a amparar, tal y como adelantó este diario el 9 de octubre, en el punto cinco del Real Decreto 6/ 2000 que dice textualmente lo siguiente, el regulador podrá "autorizar, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de los derechos de voto correspondientes al exceso respecto de las participaciones o la designación de miembros de los órganos de administración, siempre que ello no favorezca el intercambio de información estratégica entre operadores ni implique riesgo de coordinación de sus comportamientos estratégicos". La intención de la CNE era otorgar derechos a ACS en algunos aspectos concretos como los dividendos, algo que la eléctrica rechaza.
La CNE pone en apuros a Industria
El regulador analizó en su reunión si el borrador de Real Decreto de Régimen especial podría aplicarse con efectos retroactivos o no. El resultado fue apabullante. Por cinco votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el regulador se opuso frontalmente a la propuesta del Gobierno y planteará una nueva redacción que incluya toda la vida útil de las instalaciones.
El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, estuvo la semana pasada en la CNE ante la oposición del ponente, Luis Albentosa, a aprobar directamente la propuesta de Industria. En aquella reunión, que ha dejado mal sabor de boca en la institución, Nieto vino a decir que la decisión del regulador sería escuchada, pero ignorada. Ahora desde las patronales se piensa en el Consejo de Estado.
