CAMBERRA (Reuters) - Un grupo de aborígenes australianos pidió a la ONU el miércoles que le concediera el estatus de refugiados, afirmando que las leyes de emergencia especiales para frenar el alcoholismo y el abuso sexual en el interior del país los han convertido en parias.
Richard Downs, portavoz del pueblo Alyawarra en el centro del país dijo que la petición fue entregada a James Anaya, abogado especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos indígenas durante una gira por el país.
"Nuestra opinión no cuenta para nada. Nos sentimos como marginados en nuestra comunidad, refugiados en nuestro propio país", dijo Downs a la radio estatal.
La carta entregada a Anaya, que viajó a Australia invitado por el Gobierno de centroizquierda para examinar la llamada "intervención" de policías y soldados en el Territorio del Norte hace dos años, pidió a la ONU que incluyera a los Alyawarra como desplazados internos.
La intervención, lanzada por el anterior Gobierno conservador en junio de 2007 para eliminar el abuso sexual infantil, agravado por el alcoholismo crónico en las comunidades indígenas, privó a los aborígenes de sus derechos, dijo Downs.
Los 460.000 aborígenes que viven en Australia representan el dos por ciento de la población. Sufren altas tasas de desempleo, adicciones y violencia doméstica, y tienen una esperanza de vida 17 años menor que el resto de los australianos.
El primer ministro Kevin Rudd puso el tema aborigen entre sus prioridades de Gobierno y fue elogiado por pedir perdón en el Parlamento por los abusos históricos cometidos contra los indígenas.
ABUSO SEXUAL INFANTIL
Rudd dijo que iba a mantener la polémica intervención, pero revisando el modo en el que opera. Esta iniciativa incluyó la invitación a Anaya, en el marco de una misión de la ONU que había sido rechazada por su antecesor, John Howard.
Howard ordenó la intervención en los meses finales de su mandato de once años y medio, declarando el generalizado abuso sexual de niños aborígenes como una emergencia nacional.
Anaya recibió cientos de presentaciones y cartas durante su visita de dos semanas a las comunidades aborígenes del Territorio del Norte y otras partes del país, y presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bajo la intervención, policías, soldados y equipos médicos fueron enviados a las comunidades aborígenes, donde se prohibió el alcohol, la pornografía y los pagos de la seguridad social fueron puestos en cuarentena para garantizar que el dinero se gastara en comida, ropa y salud.
Una revisión independiente del año pasado aclaró que la intervención afectaba a 45.500 hombres, mujeres y niños aborígenes en más de 500 comunidades.
