Desde ayer, el caso Afinsa, donde hasta ahora estaban imputadas seis personas por una presunta estafa a nivel masivo, entre otros delitos, cuenta con diez nuevos querellados. Entre ellos, el socio del bufete y experto en fiscalidad Tomás Olalde.
Nueve de los nuevos imputados eran directivos de Afinsa y su filial estadounidense Escala, y, según la Fiscalía Anticorrupción, tuvieron "una relevante participación en el diseño y mantenimiento de la presunta estafa piramidal".
Entre los imputados está también Tomás Olalde, socio del bufete de abogados Cuatrecasas - el segundo mayor de España - y responsable del departamento de Fiscalidad General. Olalde actuó como consejero externo de Afinsa desde 2004, aunque su labor no se limitó sólo a asistir a los Consejos de Administración de la empresa.
Sede del despacho de abogados Cuatrecasas, en Barcelona. Foto: Archivo
Pleno conocimiento
En los registros efectuados en las sedes de la compañía se han encontrado multitud de informes firmados por Cuatrecasas en los que se pone de manifiesto el perfecto conocimiento que el bufete tenía de la insolvencia de Afinsa y de la actividad presuntamente delictiva que ésta estaba llevando a cabo.
El bufete catalán afirmó ayer en un comunicado que "respalda plenamente la actuación de todos los socios y profesionales que han intervenido en la labor de asesoramiento prestada a ese cliente y está tranquila porque aquélla se ha guiado siempre por criterios estrictamente profesionales y de respeto a la legalidad vigente".
En el informe de la Fiscalía que ha servido de base para imputar a los diez directivos se asegura que los administradores eran plenamente conscientes de que estaban actuando como una entidad financiera sin serlo, confundiendo a los clientes y haciéndoles creer que estaban invirtiendo en unos sellos que tenían un altísimo valor.
Confundiendo a los clientes
Uno de los documentos incautados en los registros es un informe emitido por Cuatrecasas en julio de 2004, en el que advertía sobre el empleo de cláusulas oscuras, abusivas, poco claras y poco transparentes. El bufete recuerda que la utilización en los contratos de términos como "valores", "inversores", "cotización", "intereses", etcétera, "generan el riesgo de inducir a confusión sobre el tipo de actividad realizada por Afinsa y podría dar lugar a crear una cierta apariencia de que la empresa realiza una actividad financiera sujeta a supervisión".
Precisamente ésa era la actividad que estaba llevando a cabo, pero Cuatrecasas, en lugar de decirle a la compañía que está incurriendo en un delito, le aconseja que "evite referencias a dichos términos".
En marzo de 2004, según consta en el informe de la Fiscalía, un grupo de trabajo formado por responsables de Afinsa y Cuatrecasas analizó confidencialmente las posibilidades de mejora tributaria sobre el modelo contable en el que operaba Afinsa.
La conclusión de este grupo de trabajo, tal y como plasmaron en dicho informe, fue que "la contabilidad no refleja fielmente y con precisión las ganancias reales de la compañía y por ende la fiscalidad de la misma".
Conscientes del fraude
Está demostrado, según Anticorrupción, que los dirigentes de Afinsa eran muy conscientes de la verdadera naturaleza del negocio. Por ejemplo, nunca se refieren a la revalorización del sello, sino a "los tipos de interés", para fijar la retribución a los inversores.
Además, obraban en su favor varias consultas hechas a organismos externos que les dejaron claro que estaban llevando a cabo un negocio financiero. Así, se acompaña como prueba la consulta al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y dos consultas a la Dirección General de Tributos.
Todos ellos decían que "el valor de los sellos no influía en la revalorización que obtenía el inversor, sino que las cantidades estaban prefijadas y, por tanto, constituye una única operación financiera que, a efectos tributarios, debe ser considerada en su conjunto".
También se adjunta como prueba un informe de la consultora KPMG de 2004, que aconsejan la necesidad de contabilizar las operaciones de Afinsa con criterios de actividad financiera.
La empresa también manejaba documentos internos que avalaban esta tesis. Así, Anticorrupción adjunta como prueba un documento calificado como "confidencial" en el que hay afirmaciones sorprendentes: "No se produce valoración de la filatelia a la finalización del contrato y el cliente siempre recibe la cantidad mínima indicada"; "las operaciones de mediación no son tales en sentido estricto"; "hay gran dificultad para ajustar los valores de los lotes a los importes fijos invertidos por los clientes".
