París, 1 feb (EFECOM).- El proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda, cuya aplicación podrá ser exigida al Estado ante los tribunales, recibió hoy luz verde del Senado francés, que lo reforzó con medidas a favor de la construcción de viviendas sociales y albergues de emergencia para las personas sin techo.
La oposición de izquierdas, que había criticado el texto, se abstuvo en la votación del proyecto, que pasa ahora a la cámara de los diputados para su examen el próximo día 15.
Varias asociaciones de defensa de las personas sin techo o mal alojadas consideraron que el texto está "lejos de su objetivo", a pesar de ciertas "mejoras", y prometieron seguir movilizadas.
El ministro del Empleo y de Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, que había pedido a los senadores que respaldaran el texto en "homenaje" al recién fallecido apóstol de los pobres, el Abad Pierre, expresó hoy su satisfacción por el resultado.
"Este texto, deseado por todos y enriquecido por muchas enmiendas, permite avances considerables", afirmó Borloo.
Además de hacer el derecho a la vivienda exigible ante los tribunales, prevé "numerosas medidas institucionales y financieras para facilitar su aplicación", recalcó el ministro, especialmente "orgulloso" de la aprobación "unánime" de la creación de ayudas para la reinserción familiar y social de inmigrantes ancianos.
El proyecto de ley había sido aprobado el pasado día 17 en Consejo de ministros, después de la movilización de la asociación "Los Hijos de Don Quijote", que levantó tiendas de campaña para las personas sin techo en el corazón de París y luego en otras ciudades.
El derecho a la vivienda exigible ante los tribunales se aplicará, según el texto, desde el uno de diciembre de 2008 a cinco categorías: las personas sin techo, las amenazadas de expulsión sin recolocación, las albergadas de forma temporal o alojadas en locales insalubres o impropios, y las familias con hijos menores sin vivienda decente o que vivan en condiciones de hacinamiento.
Desde el 1 de enero de 2012 se extenderá a todas las personas elegibles para viviendas sociales cuya demanda haya quedado sin respuesta durante un tiempo "anormalmente largo".
Con las enmiendas añadidas por los senadores de diversos colores políticos, el proyecto eleva a 591.000 el número de viviendas sociales que deberán construirse en el período 2005-2009, y obliga a municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una plaza de albergue de emergencia por cada dos mil.
Además, el corte de agua a las personas que no puedan pagar su factura quedará prohibido durante todo el año, incluido el verano. EFECOM
al/jla
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