La Coordinadora Estatal Antinuclear considera que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha cometido prevaricación al emitir un informe complementario sobre Garoña, en respuesta a "una maniobra completamente ilegal" del ministro de Industria, Miguel Sebastián, para favorecer a la central.
Así lo ha asegurado hoy Carlos Bravo, responsable de energía nuclear de Greenpeace, que junto a otras organizaciones ecologistas y plataformas forma parte de la Coordinadora y que podrían recurrir legalmente los dos dictámenes del CSN a favor de la continuidad de la central burgalesa.
El informe inicial del órgano regulador del pasado 5 de junio, preceptivo pero no vinculante para el Gobierno, era favorable a la renovación de la explotación de la central por diez años, aunque imponía unas condiciones al titular, Nuclenor (participado en un 50 por ciento por Iberdrola y Endesa).
A petición del Ministerio de Industria, el pasado miércoles el Consejo aprobó un informe complementario, en el que considera que algunas de las condiciones que fijó para avalar la continuación por diez años pueden no ser exigibles si el Gobierno opta por una prórroga limitada de sólo dos años.
"Es ilegal que el CSN emita nuevos informes, por lo que esta maniobra de Sebastián de buscar nuevos escenarios que favorezcan a la central es completamente ilegal y el CSN al emitir este nuevo dictamen ha cometido prevaricación", ha subrayado Bravo.
El responsable de Greenpeace ha explicado que el informe inicial vulnera varias leyes y no está suficientemente motivado, por lo que "podría ser nulo de pleno derecho", mientras que "el posterior informe a la carta tampoco parece que pueda ser legal".
"El Consejo de Seguridad Nuclear no puede ablandar sus condicionantes porque así lo desee el ministro de Industria o Nuclenor", ha señalado.
Pide firmeza al gobierno
Bravo ha considerado que sería un error que el Gobierno, que debe adoptar una decisión sobre Garoña antes del 5 de julio, "se doblegue a las presiones de la industria nuclear que lo único que pretende es seguir lucrándose de una central vieja y peligrosa, pero amortizada totalmente, poniéndonos en riesgo a todos".
A su juicio, "sería un escándalo" que el Ejecutivo dejara funcionar la central sin cumplir las condiciones que impuso el Consejo.
Por su parte, el representante de Ecologistas en Acción Francisco Castejón, ha asegurado que del primer dictamen "debería deducirse, al menos, una parada cautelar de la planta, porque está evaluando una serie de condiciones que la central no cumple".
Frente a "la campaña claramente intoxicadora" del 'lobby' nuclear, los representantes de la Coordinadora han asegurado que el cierre de Garoña no afectará a la garantía del suministro eléctrico ni creará un problema laboral, sino al contrario, "acabará con el monocultivo industrial de la zona que impide que haya otras alternativas económicas".
