Las principales compañías de telecomunicaciones españolas tienen motivos para clamar al cielo ante la presión impositiva que se les viene encima: podrían ser lis nuevos dinanciadores del cine español.
Ahora, el Ministerio de Industria prevé incluir a compañías como Telefónica (propietaria de Imagenio), Ono (Ono TV), Orange (Orange TV) y Jazztel (Jazztelia), entre los nuevos financiadores del cine español. Según se desprende del anteproyecto de la Ley General Audiovisual, el Gobierno ampliará la lista de los agentes que, a partir de la aprobación de la referida norma, deberán contribuir con el 5 por ciento de sus ingresos a las ayudas a la producción cinematográfica española y europea. En concreto, según han informado a elEconomista fuentes de la Presidencia del Gobierno, los nuevos agentes serán los "prestadores de servicios de comunicación electrónica que difundan canales de televisión".
El anteproyecto de ley provocará en los próximos días -a buen seguro-, la respuesta contundente de los operadores. Por lo pronto, las compañías afectadas por la futura norma, y consultadas por este periódico, eludieron pronunciarse sobre la materia al desconocer el referido texto.
Según los datos no consolidados de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), correspondientes a 2008, los ingresos de la televisión por cable fueron de 316,26 millones de euros, mientras que la facturación de las televisiones IP superaron los 181,72 millones de euros. En total, ambos conceptos suman 497 millones de euros, por lo que el 5 por ciento representa cerca de 25 millones euros.
Las compañías de telecomunicaciones todavía no han sofocado su malestar por la imposición del canon del 0,9 por ciento sobre sus ingresos para financiar TVE y ahora tienen nuevos argumentos para protestar por el afán recaudador que las administraciones aplican sobre el sector.
El colectivo de las telecos también recuerda otras cargas como la del coste de identificación de los usuarios de prepago, promovida por el Gobierno, así como el coste de adquisición del dividendo digital, el Servicio Universal de Telecomunicaciones (150 millones de euros) y el cumplimientos de la Ley de Conservación de Datos.
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