La Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Industria vuelven a enfrentarse. El organismo que preside Maite Costa ha enviado dos informes desfavorables sobre el procedimiento de puesta en marcha del bono social y sobre la propuesta de orden ministerial que revisa las tarifas a partir del próximo 1 de julio.
El regulador ha detectado un amplio abanico de problemas sobre uno de los proyectos estrella del Gobierno: la liberalización eléctrica.
En lo que respecta a la orden de tarifas, la CNE se queja de que el Ministerio no ha vuelto a enviar una memoria económica que las justifique. Del mismo modo, señala su insuficiencia para cubrir los costes previstos para el año 2009, así como el impacto negativo de la caída de la demanda sobre los ingresos del sistema eléctrico.
Según los cálculos del regulador, la propuesta de orden prevé unos ingresos de 9.241 millones, lo que supone una cifra inferior en 5.143 millones a los costes reales de acceso al sistema.
El informe pide también que se revise la moratoria nuclear para hacer frente al pago el próximo 26 de abril de 2010 y, para ello, propone que se pase del 0,041 por ciento actual al 0,28 por ciento, lo que supone casi seis veces más y se pide que se rebajen las cuotas con destinos específicos distintos para adecuar la recaudación, ya que de lo contrario se registrará un déficit superior al esperado.
Problemas del bono social
Entre los puntos negros que enumera la CNE para el bono social se asegura que un determinado colectivo de consumidores puede estar discriminado para obtener su derecho automático a la tarifa de último recurso y al bono social, es decir, que los clientes que pasen voluntariamente al mercado libre -es decir que acepten una oferta de una comercializadora- no podrían acogerse a esta medida.
La Comisión considera que la aplicación del bono debería establecerse según criterios de renta, de acuerdo con lo previsto en la propia norma. La institución, por lo tanto, vería razonable la aplicación cuando la renta per cápita de la unidad familiar fuera inferior a un determinado umbral. Por este motivo, recomienda que se introduzca para las familias numerosas y para los suministros con potencia contratada inferior a 3 kW algún criterio cuantitativo relacionado con el Iprem (índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos a muchos efectos -ayudas para vivienda, becas, subsidios por desempleo- que fue introducido el 1 de julio de 2004 en sustitución del Salario Mínimo Interprofesional). La ayuda que se destina a estos colectivos no debería además suponer una rebaja de la factura de la luz con el objetivo de que los consumidores reciban una señal de precio adecuada para incentivar el ahorro y la eficiencia energética.
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Los peajes deberían subir un 10%
