León, 17 ene (EFECOM).- El fiscal elevó hoy a definitiva la petición de tres años de prisión para el presidente de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), Victorino Alonso, como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública por defraudar 842.340,52 euros entre 1993 y 1994 mediante la empresa Patra.
Después de dos días de vista en la Audiencia Provincial de León, en el que también fue juzgado el apoderado de Patra, Lucio Antón González, el fiscal sostuvo que tanto Victorino Alonso, que era el administrador, como el segundo, eran responsables de un fraude a la Hacienda Pública.
En concreto, el fiscal sostuvo que ambos habían defraudado 285.457,49 euros en concepto de IVA, correspondiente al año 1994, y 556.883,03 por el Impuesto de Sociedades de 1993 y 1994.
El fiscal pidió además una multa para cada acusado de 286.000 euros por el delito relativo al IVA y 558.000 por el Impuesto de Sociedades.
Además, pide la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas o crédito oficial y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante doce años.
Igualmente, solicita que ambos indemnicen subsidiariamente a la Hacienda Pública por la misma cantidad defraudada más los intereses.
Aunque elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, matizó que presentaba unas "alternativas" para el caso de que la Audiencia aceptara una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), correspondientes a las liquidaciones efectuadas por la empresa Patra en 1990, 1991 y 1992 y en las que éste órgano no detectó anomalías significativas en la contabilidad.
En el caso de aceptar la resolución del citado tribunal, el fiscal admitió que se deberían reajustar los números, lo que variaría, a su juicio, la cantidad defraudada en los años 1993 y 1994.
El ministerio público, que no está de acuerdo con la resolución del TEAR, la cual no es vinculante, indicó que en este caso se rebajaría la petición de multa y de indemnización, pero en ningún caso el de la pena de prisión.
El ministerio público sostiene que se produjeron "anomalías graves significativas que impiden conocer la imagen fiel de la sociedad" y que se efectuaron "operaciones con falta de racionalidad entre empresas del grupo".
Destacó el "oscurantismo" existente en las relaciones entre las empresas de Victorino Alonso, del que dijo que se le atribuyen un centenar de empresas y es "realmente complicado ver las relaciones entre ellas".
Por su parte, el abogado del Estado rebajó la petición de penas de tres a dos años, al considerar que únicamente había delito en lo que concierne a la contabilidad de 1994, no de 1993, mientras que las dos defensas solicitaron la libre absolución. EFECOM
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