MADRID (Reuters) - El Gobierno convocará a las empresas con intereses en Bolivia para analizar la situación producida tras la nacionalización de los hidrocarburos del país, dijo el martes la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega.
El lunes el presidente boliviano, Evo Morales, firmó un decreto que obliga a las compañías presentes en Bolivia a devolver al Estado la propiedad de los hidrocarburos y concede 180 días para renegociar sus contratos de explotación de recursos.
El Gobierno también dijo que trabajaría conjuntamente con otros países que tienen estrechas relaciones con Bolivia para resolver la situación.
MILLONES DE DÓLARES
Mientras tropas bolivianas custodiaban instalaciones petroleras, la Unión Europea no dejó de mostrar su preocupación y decepción porque había esperado que el paso de la nacionalización se diera tras un proceso de consulta entre instituciones.
Tras conocerse esta noticia las acciones de Repsol terminaron con baja de un 0,63 por ciento a 23,53 euros tras ceder inicialmente más de un 3 por ciento hasta 22,96 euros.
A cambio del control de la industria hidrocarburífera, el Estado boliviano dará a las petroleras un porcentaje del valor de lo que produzcan para cubrir sus costes de operación, amortizar inversiones y generar beneficios.
Aunque por la medida, Petrobras dejará de percibir 1.500 millones de dólares en los próximos 12 años, según reconoció el vicepresidente boliviano, Alvaro García, a una radio al agregar que, no obstante, Petrobras tendrá garantizado un margen de beneficio de "al menos 15 por ciento" en esos campos.
