
El hecho de que La Caixa cuente con el mayor plan de pensiones de España, con un patrimonio de 3.548 millones, no le exime de la polémica. Sus empleados jubilados recientemente o cercanos a ello han comenzado una auténtica batalla legal contra la entidad al sentirse perjudicados por su plan de pensiones privadas.
Esta movilización de los empleados se produce a partir de la Plataforma RPP (Régimen de Previsión Personal) y a través de la asociación Copeca (Colectivos Pensiones Empleados Caixa).
Aunque ya se han celebrado varias reuniones entre La Caixa y sus empleados para intentar alanzar un acuerdo, la entidad ha rechazado en todos los casos las propuestas presentadas.
El punto inicial de estos enfrentamientos es la exteriorización llevada a cabo por la entidad en el año 2000. En este sentido y según informa Expansión, el desacuerdo viene propiciado por el sistema de jubilación aplicado a los actuales empleados. Los perjudicados creen que su prestación se ve reducida hasta un 40% frente a los derechos que sellaron en un primer momento ante la entidad y que fueron modificados posteriormente.
En este sentido, con la exteriorización se pasó de un modelo de prestación definida, mediante el cual La Caixa aseguraba el pago de un montante concreto, a otro de prestación indefinida, con el que se asegura el ingreso en la entidad pero no la cantidad exacta a recibir, que dependerá del estado de la situación financiera y otras variables.
Esta modificación en las prestaciones de planes de pensiones ocasionó un desplome en las expectativas de cobro de los pensionistas. Por ello, tanto la compañía como los sindicatos alcanzaron un acuerdo por el cual los empleados próximos a la jubilación entrarían en un 'periodo de transición' y recibirían un importe adicional al fondo para así completar el monto total que deberían haber recibido con el antiguo sistema.
Esta ventaja se ha aplicado sólo a los empleados que han nacido antes de 1945 y que ya están en su mayoría jubilados. Sin embargo, para los nacidos en años posteriores no se van a aplicar esos mecanismos de compensación económica, hecho que los trabajadores consideran injusto ya que su prestación por jubilación se ve reducida casi hasta el 40%.