Pendientes de resolver 2.000 procesos fraude que suponen deuda 3.617 millones

Madrid, 20 dic (EFECOM).- Cerca de 2.000 procesos penales relacionados con delitos fiscales están pendientes de resolver desde 1999, y suponen una deuda tributaria de 3.617 millones de euros, que el Estado ha dejado de ingresar.

Así se concluye en el primer informe del Observatorio Administrativo de Delito Fiscal, creado en octubre como resultado del Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria y la secretaría de Estado de Justicia.

Fuentes de la Agencia Tributaria subrayaron además que anualmente se presentan unas 700 denuncias, pero las sentencias no superan en ninguno de los casos el centenar, lo que indica que hay "un gran desequilibrio y un embalsamiento de querellas".

Hasta octubre de 2006, el importe de la deuda del total de denuncias presentadas alcanza los 4.678 millones de euros, mientras que la deuda de los procesos penales ya finalizados es de 1.060 millones de euros, por lo que queda "viva" y sin ingresar una deuda de 3.617 millones de euros.

La mayor parte de esa cantidad corresponde a fraudes en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que suponen 2.394 millones de euros, seguidos de los fraudes en el Impuesto de Sociedades (720 millones de euros) y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que alcanzan los 240 millones de euros.

Asimismo, las citadas fuentes indicaron que, en los últimos cinco años, entre el setenta y el ochenta por ciento de las sentencias fueron condenatorias, si bien en 2004 y 2005 aumentaron las absolutorias porque se incrementó la cuantía defraudada que se considera delito, desde los 90.000 hasta los 120.000 euros.

Ante estas cifras, desde el Observatorio se critica que las penas que se imponen son "mínimas", así como que las normas vigentes obligan a paralizar la actuación administrativa cuando se denuncia el delito, ya que las multas por la vía penal pueden llegar a estar por debajo de las que se aplicarían si el proceso continuara por la vía administrativa.

Además, el informe considera que las herramientas jurídicas disponibles no se adecúan a las nuevas modalidades delictivas en forma de tramas.

Para solventar estas deficiencias, el Observatorio recomienda aumentar las penas de cárcel en los delitos que tengan mayor transcendencia económica y social y que se permita que continúen las actuaciones para cobrar la deuda tributaria por vía administrativa durante la tramitación del proceso penal.

Asimismo se reclama "especial atención" a la delincuencia organizada y mayor coordinación de todas las instituciones implicadas en el fraude fiscal, así como que se responsabilice de forma autónoma a los colaboradores y a terceros responsables del fraude fiscal. EFECOM

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