David S. Paunero
Madrid, 14 dic (EFECOM).- La presunta estafa de más de 5.000 millones de euros a 400.000 clientes de Fórum Filatélico y Afinsa y las operaciones antiblanqueo desplazaron en 2006 la atención que tenía puesta el mundo financiero a los pleitos a grandes banqueros del país, como Emilio Botín y Emilio de Ybarra.
Una vez exculpado del caso de las jubilaciones millonarias, junto al ex presidente del SCH José María Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui, Botín deberá esperar hasta ver si se celebra el juicio de las cesiones de crédito de nuda propiedad, una modalidad de inversión en la que no se practicaron retenciones.
El Tribunal Supremo estimó que los consejos de administración que surgieron de las grandes fusiones bancarias (BBVA y SCH) dieron poderes a sus presidentes para decidir sobre las remuneraciones, como el caso de los fondos de pensiones constituido por Ybarra en American Life Company (19,24 millones de dólares), o el de las jubilaciones de 43,8 y 108,1 millones de euros pagadas a Amusátegui y Corcóstegui.
Queda por ver qué ocurrirá con la pieza iniciada por el juez Baltasar Garzón sobre las "cuentas secretas" (fondos extracontables del banco por 224 millones de euros), el único de los procesos que continúa vivo de los abiertos por el magistrado en 2001, sobre el que habrá juicio el próximo marzo.
En 2006, también se conoció la condena a cinco años de prisión para el financiero Javier de la Rosa por desviar dinero del Grupo Torras en su propio beneficio y también en favor del abogado Juan José Folchi, el empresario Jorge Núñez y el diplomático Manuel Prado, en dos operaciones conocidas como "Pincinco" y Oakthorn" (410 millones de dólares).
Botín, el presidente de Telefónica, Cesar Alierta, financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer y el actual presidente del PP de Cataluña, Josep Piqué, además de otros representantes del mundo financiero y político, acudieron como testigos a este juicio oral, que se prolongó más de ocho meses.
Este caso, que data de principios de los 90, volverá otra vez, en 2007, a la Audiencia Nacional, ya que será juzgada la operación "Croesus", en la Sala de lo Penal, que tiene pendiente otros juicios como el del caso "Gescartera".
A la espera de que se fije una fecha para el comienzo del juicio oral, el fiscal ya pidió once años de cárcel para el principal imputado, Antonio Camacho -actualmente en libertad bajo fianza-, y se sumó a las tesis de la juez Teresa Palacios, al declarar responsables civiles subsidiarios a Caja Madrid y a La Caixa.
Durante este año, se vivió la vuelta del juez Baltasar Garzón al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en sustitución de Fernando Grande-Marlaska, que dirigió la intervención judicial a Fórum Filatélico y otras varias operaciones antiblanqueo, que se desarrollaron en registros a bufetes de abogados; bancos, como BNP Paribas o Espírito Santo, y aseguradoras, como Cahispa.
La operación antifraude que llevó a cabo en 2005 el juez Fernando Grande-Marlaska contra dos despachos de abogados en Madrid y Barcelona, relacionados con listados del BBV Privanza Jersey, desembocó, un año después, en el bloqueo de cuentas por posible blanqueo de capitales por un montante superior a los 1.800 millones de pesetas.
En cualquier caso, todo son cuantías menores al agujero por más de 5.500 millones detectado, por el momento, en las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa, intervenidas en mayo pasado, tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción por estafa, insolvencia punible, delito contra la Hacienda Pública, administración desleal y blanqueo de capitales.
Precisamente, el juez Garzón ha separado del sumario principal la conexión de la operación Ballena Blanca, que investiga blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, con la presunta estafa de Fórum Filatélico, donde ya hay dos imputados: el abogado Domingo Cuadra y el empresario José Manuel Carlos Llorca, buscado por las policías de ocho países.
Además, en el orden mercantil, las gestiones de los 400.000 clientes para recuperar parte de su dinero, previa liquidación de las compañías, choca con los planes de viabilidad que han presentado los antiguos administradores de la sociedades filatélicos, dispuestos a demostrar que los sellos custodiados por Fórum y Afinsa valen más de 3.400 millones de euros.
También en 2006, se depositó el aval bancario más elevado de la historia judicial (mil millones de euros), que fue impuesto por el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid, como caución, para que Endesa pudiese continuar con su demanda contra la opa de Gas Natural.
En el ámbito penal, la Fiscalía Anticorrupción ha continuado investigando a trece antiguos directivos de Banesto, por no tributar por las acciones recibidas de la entidad en 1994, para el que juzgados de Santander y Getxo ya han dictado autos de transformación.
También se juzgará el próximo mes a algunos directivos de Abengoa, que participaron en la compraventa de una parte de Xfera, para los que Anticorrupción ha pedido tres años de cárcel por administración desleal.
A la espera de nuevas decisiones judiciales, aunque en este caso ya con una condena de más de tres años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo, están los "Albertos", quienes no llegaron a ingresar en la cárcel, debido a los recursos que han presentado ante el Tribunal Constitucional, admitidos a trámite.
Por el camino han quedado otros casos atascados en comisiones rogatorias, investigaciones largas o dilaciones procesales, pese a afectar a miles de inversores, como pudieran ser el de la Agencia de Valores de Aragón (AVA) -en el que se han pagado más de 36 millones de euros- y el abierto en la Audiencia Nacional contra el antiguo presidente de Eurobank, Eduardo Pascual. EFECOM
dsp/rl/pz/txr
