La nacionalización de Aerolíneas Argentinas no acaba de cerrarse por problemas de financiación, ya que el ICO se niega a dar un crédito al que se comprometió España pero que la entidad no puede asumir porque se trata de una empresa extranjera. El Gobierno de Cristina Fernández justifica esta situación de espera aferrándose a una promesa que le hizo Zapatero en su visita a Madrid en febrero.
Fuentes conocedoras del proceso aseguran que "el presidente del Gobierno prometió a Argentina financiar el 15% de la compra de la flota de aviones que iba a adquirir Aerolíneas Argentinas". Una promesa que, por cierto, no trascendió a la opinión pública.
Esta operación formaba parte del acuerdo para que Marsans abandone la titularidad del grupo aéreo argentino. La compañía turística española se comprometió a ceder al Gobierno argentino las opciones de compra de 35 aviones de Airbus a cambio de que se les devolvieran los 180 millones que habían depositado en concepto de señal.
Otras alternativas
La Casa Rosada aceptó con la condición de que de los 2.200 millones de dólares (1.700 millones de euros) que le iba a costar esa flota, 250 millones (el 15% del total) fueran financiados con la ayuda del Gobierno español. Los nuevos aviones que se quedarían para Aerolíneas son A320, para corto recorrido, y A330 y A340, para largo.
Y es aquí donde aparece el problema, porque el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un reciente consejo de administración se negó a financiar esta operación. Desde el gabinete de Cristina Fernández ya se ha transmitido a Marsans que "si no hay financiación, no hay acuerdo en Aerolíneas".
La segunda alternativa que se está barajando ante la lógica negativa del ICO, y para desbloquear la situación, es que el Cesce avale la operación. Esta posibilidad es mucho más viable ya que, como adelantó elEconomista, el Gobierno español va a colaborar con Airbus para que la agencia de crédito a la exportación pública (Cesce) comience a garantizar este tipo de operaciones como ya lo hacen Coface en Francia o Hermes en Alemania.
Mientras que se logra una solución, Marsans sigue adelante con la demanda contra el Gobierno argentino que presentó ante el Ciadi a finales del año pasado y que fue admitida a trámite.
