Los pagos realizados por AIG a varios bancos estadounidenses y europeos después de haber sido rescatada por el Gobierno están bajo sospecha. Neil Barofsky, encargado de supervisar el programa de ayuda financiero de 787.000 millones de dólares (TARP), ha puesto en su punto de mira a la aseguradora y ha abierto una investigación para saber si se pagó más de lo necesario y si la Administración actuó de forma correcta.
Así, Barofsky indica en una carta del 3 de abril que el departamento que dirige ya había comenzado una auditoría sobre el asunto, a petición de 27 congresistas. Con la auditoría se quiere saber si AIG o el Gobierno hicieron intentos de reducir los pagos.
Pagos bajo sospecha
Según indica Bloomberg, los más de 90.000 millones de dólares que American International Group (AIG) repartió entre un total de quince entidades, entre las que figuran Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays, Société Generalé o Santander, ha provocado las suspicacias de los legisladores acerca de si el dinero de los contribuyentes se está utilizando debidamente.
La cuestión se ve agravada por el hecho de que AIG haya tenido que recurrir a fondos públicos, y que dicha financiación haya tenido que ser ampliada tres veces hasta un total de 180.000 millones de dólares.
En principio, se trata de pagos realizados en el marco de los contratos de aseguramiento de deuda que tenía firmados con las instituciones financieras. Dichos instrumentos financieros se conocen como credit default swaps (CDS) y sirven para asegurar el riesgo de crédito de los bonos emitidos por las empresas o por los estados.
Estos contratos pagan a los poseedores el valor nominal de los activos subyacentes o el equivalente en efectivo si no se repagan los bonos. Los investigadores se preguntan ahora por qué el Gobierno pagó el 100% del valor nominal si no ha habido impagos.
Con la investigación, el Congreso pretende saber quién tomó las "decisiones críticas" a la hora de llevar a cabo dichas acciones. "Queremos saber si los pagos realizados por AIG eran lo mejor para los intereses de los contribuyentes", comunicaron los 26 legisladores a Barfosky, quien a su vez considera "extremadamente relevante" aclarar si la aseguradora pagó "más de lo que era necesario" y si el Tesoro "supervisó adecuadamente" los pagos.
Barofsky también va a examinar si los bancos "como Goldman Sachs" hubieran sido capaces soportar las pérdidas producidas por estos contratos, según la carta.
Goldman tenía efectivo y activos líquidos como colateral frente a su exposición a AIG y había comprado CDS como protección donde hubiera diferencias entre el colateral y lo que AIG adeudaba, según explicó ayer Lloyd Blankfein, consejero delegado de Goldman Sachs. "Nos gastamos más de 100 millones de dólares en proteger a los accionistas frente los posibles impagos de AIG". Las dudas de los congresistas vienen de la cancelación de algunos swaps de AIG, que la aseguradora caída vendió a los bancos.
Además, algunas aseguradoras de bonos competidoras como Ambac o Syncora llegaron a acuerdos con bancos como Citi y Merrill para cancelar contratos similares con descuentos.
La Government Accountability Office, conocida como el brazo investigador del Congreso, pidió el mes pasado que el Tesoro demandara que AIG obtuviera concesiones de los bancos como condición para recibir ayudas. "Si esas concesiones no se consideran interesantes para el gobierno, las razones deben ser claramente articuladas y explicadas", explicó.
Santander recibió 222 millones
