El Gobierno lanzará en 2022 las subastas para adjudicar 1.200 megavatios de cogeneración en los próximos 3 años, tal y como consta en las propuestas de Real Decreto y orden ministerial sacadas a información pública por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Concretamente, el gabinete del que Teresa Ribera está al mando prevé realizar sucesivas subastas para otorgar un régimen retributivo específico a las centrales de cogeneración, poniendo a disposición 351 MW en 2022, 442 MW en 2023 y 407 MW en 2024, con el objetivo de que estén todas totalmente operativas en 2027.
Las instalaciones de los adjudicatarios podrán operar con gas natural o biomasa y, además, deberán estar preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable, así como destinar al autoconsumo más del 30% de la producción de electricidad, a menos que hayan firmado un contrato de venta de energía a largo plazo, según ha informado el Ministerio. Los participantes en las subastas ofertarán un porcentaje de reducción sobre el valor estándar de inversión inicial de la instalación tipo de referencia en la que se encuadre la instalación ofertante, de acuerdo con el sistema establecido por el Real Decreto 413/2014.
Impacto
Según consta en la memoria de la propuesta de orden, que estará a consulta hasta el próximo 22 de enero, los sobrecostes derivados de la percepción de la retribución a la inversión y la retribución a la operación de las instalaciones del desarrollo de estos megavatios de cogeneración se estima entre 272 y 431 millones de euros anuales.
El valor concreto del impacto económico dependerá de la potencia asignada a cada instalación tipo de referencia, ya que el coste asociado a cada una de ellas varía en función de las características técnicas, económicas y el rango de sobrecoste, que deberían verse reducidos gracias a los descuentos obtenidos en la subasta. Además, el Ministerio estima que la incorporación y modificación de 1.200 MW de potencia de cogeneración evitará en torno a 7,6 millones de toneladas de emisiones de CO2 durante el periodo de vida útil regulatoria de las plantas.
