La preocupación es máxima a pesar de las afirmaciones de que aquí "no pasa nada" lanzados por parte de los principales responsables del Gobierno y del Banco de España. El regulador se ha puesto manos a la obra para poder llevar a cabo su famosa 'hoja de ruta' de recapitalizaciones del sector financiero español, que está semana se ha visto convulsionado por la primera gran intervención de los últimos quince años.
El organismo supervisor quiere tener todo bien atado, con fin de evitar imprevistos. Por el momento ha identificado a aquellas entidades que pueden ser susceptibles de recibir ayudas públicas. Eso sí, ninguna se encuentra en el estado de CCM, cuya solvencia había bajado de los niveles requeridos por las legislación.
Ya sea mediante la compra de activos tóxicos, avales, compra directa de participaciones preferentes, apertura del capital a inversores privados o fusiones, la prioridad ha detectado el primer grupo de riesgo. Ahora es necesario que se articulen las medidas para sanear sus balances. Y en ello están trabajando el Gobierno y el Banco de España, que están vigilantes, sobre todo, a la evolución de las cajas de ahorros.
"Hay que trabajar para los mejor, pero prepararse para lo peor", señaló esta semana el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, porque no descarta nuevas intervenciones. Su prioridad es que busquen la integración antes de que el Estado tenga que actuar y cueste dinero a los contribuyentes, pero es conocedor de las reticencias de algunas entidades sanas a engullirse la toxicidad inmobiliaria de las más debilitadas.
Prueba de ello, es la negativa de Ibercaja que le dio a principios de año a CCM, antes de que el Banco de España llamara a Unicaja para solucionar los problemas de la firma manchega.
El grado de las medidas y la factura de éstas dependerán de la celeridad con la que se pongan en marcha y de la degradación que experimenten las entidades de crédito en los próximos meses. Cifras estimativas ya hay sobre la mesa, desde 40.000 millones hasta 200.000 millones, pero son tan dispares que todavía es pronto para predecir el alcance de las mismas. Lo que no cabe duda es que el Gobierno tendrá que dar una respuesta decidida y sacar la chequera del Estado, en un momento en que el déficit de las cuentas públicas deja poco margen de actuación.
Si el montante es muy abultado, el Ejecutivo tendría que verse en la dura obligación de dejar caer alguna entidad, a pesar de que el Banco de España se resista.
El vicepresidente Solbes se ha negado a liquidar CCM, pero en diversas ocasiones ha apuntado a la posibilidad de tener que pasar el mal trago.
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