Descentralización permite más implicación en política integración

París, 5 dic (EFECOM).- La descentralización del poder político en España ha permitido que algunos municipios y comunidades autónomas hayan puesto en marcha políticas de integración de inmigrantes que implican a diversos actores y que se adaptan a las condiciones particulares, según la OCDE.

Esa descentralización también ha acarreado diferencias en el acceso a los recursos para esa integración de inmigrantes en el nivel local, así como "ciertas contradicciones en las políticas", indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un informe titulado "De la inmigración a la integración: soluciones locales a un desafío mundial".

Los autores del informe analizan políticas de integración que han mostrado ser eficientes en Canadá, Italia, Reino Unido, Suiza y España, país en el que se detienen en los casos de la provincia de Barcelona, la Comunidad de Madrid y una asociación catalana de agricultores en Lleida.

De Barcelona, constatan que la red de los ayuntamientos, apoyados por la Diputación Provincial, han propiciado "un mecanismo particularmente útil para la puesta en común de información, un proyecto piloto de prueba y una buena práctica de intercambio al nivel local" y consideran que "este modelo de gestión podría ser adoptado con gran utilizad en otras partes".

En cuanto a la comunidad de Madrid, se refieren al programa CASI, que a su juicio ofrece "un buen ejemplo de un enfoque local y flexible fuerte" que se ha implementado con éxito y ofrece servicios a los inmigrantes en toda la región.

La OCDE, aunque reconoce que ha habido un esfuerzo en la política estatal para abordar la política de integración con una visión amplia, estima que esa acción nacional sigue mediatizada con frecuencia con una perspectiva focalizada en el empleo.

En contraste, en las políticas diseñadas en los niveles locales o regionales están más preocupadas por garantizar una integración social y crear cohesión social en un ámbito más próximo.

La organización da cuenta igualmente de "cierta confusión sobre el papel de los ayuntamientos" sobre la gestión de temas del mercado laboral, y lo ejemplifica con Santa Coloma de Gramanet, cuyas autoridades "están crecientemente envueltos en cuestiones de empleo como principal mecanismo para una mayor integración social, pese a que no tienen competencias específicas en este área".

Más allá de las experiencias analizadas en Madrid y Cataluña, comunidades con una fuerte concentración de inmigrantes, los autores del informe estiman que "es importante que otras regiones también tomen iniciativas similares".

Y en ese contexto, el gobierno español tiene que tener un papel más importante para "apoyar la circulación de buenas prácticas entre regiones" para cubrir las posibles faltas de información.

La OCDE recuerda que el número de inmigrantes regulares en España, que superó los dos millones en marzo del pasado año ha seguido subiendo y en la actualidad se sitúa en torno a 2,6-2,7 millones, lo que representa entre el 5,5 y el 6% de la población.

En los 30 Estados del conocido como "Club de los países desarrollados" entran cada año legalmente cerca de tres millones de inmigrantes de larga duración, cuyas "competencias y sus energías son preciosas para los países huéspedes", según la organización.

Unas aportaciones particularmente valiosas dado el envejecimiento de la población en los miembros de la OCDE, y pese a lo cual en algunos países "paradójicamente (...) la integración de los inmigrantes se muestra menos armoniosa que en el pasado".

La organización afirma que corresponde a los países receptores velar para que los sistemas de inmigración a las necesidades del mercado de trabajo y recomienda elaborar políticas de educación flexibles que ofrezcan posibilidades de formación y de reconocimiento de las competencias de los inmigrantes. EFECOM

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