El Parlamento Europeo, por un lado, y los representantes de los 27 Gobiernos nacionales de la UE, por otro, esperan alcanzar este lunes por la noche un acuerdo que despeje definitivamente la reforma de la legislación comunitaria sobre el sector de las telecomunicaciones. Si el acuerdo se confirma, el pleno de la Eurocámara debería respaldarlo en mayo, y su entrada en vigor se producirá el próximo mes de enero.
Si alguna de las partes en la negociación se saliera del guión, se pondrían en peligro los plazos de aplicación. El Parlamento Europeo está a punto de ser disuelto y sus diputados se disponen a entrar en campaña electoral. De manera que un retraso en la tramitación dejaría el futuro marco reglamentario en el dique seco, al menos, hasta otoño.
El resultado de la reforma del marco legislativo que pretende dar un nuevo impulso a la liberalización y a la integración del sector telecos en Europa se parece muy poco a las propuestas iniciales de la luxemburguesa Viviane Reding, comisaria europea de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, como ya explicó elEconomista en su edición del 28 de noviembre de 2008.
El Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE han aguado el plan de la Comisión de crear un regulador continental por encima de la española Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y del resto de reguladores nacionales.
Del proyecto de crear una euroCMT que representara para el sector continental de telecos el equivalente a lo que el Banco Central Europeo (BCE) representa para la política monetaria en los países que comparten el euro como moneda única, sólo ha quedado un grupo que reunirá a los reguladores de los países de la UE y que tendrá funciones consultivas.
También ha queda enterrado el grueso de los poderes que Bruselas quería atribuirse para vetar las decisiones de los reguladores nacionales. Sí ha arraigado la idea de flexibilizar la gestión del espectro de frecuencias en las que operan las televisiones y las telecos: un operador que adquiere una licencia será libre de decidir qué servicio ofrecer a través de ella (televisión, telefonía, etcétera), de cambiarlo sobre la marcha en función de la evolución del mercado, y también de elegir libremente la tecnología (digital, analógica,?).
La flexibilización también permitirá que los operadores puedan comprar y vender las licencias que les sean atribuidas. También se mantiene la idea de que los consumidores tengan el derecho de cambiar de operador de telefonía en un día y de conservar su número de teléfono.
Bruselas tampoco adquiere, como deseaba, el poder para forzar a los reguladores nacionales a imponer la separación funcional de las telecos dominantes, siguiendo el ejemplo de Reino Unido, Suecia e Italia.
La separación funcional sólo podrá ser impuesta en cada país por el regulador nacional, y sólo como medida excepcional de último recurso. La separación funcional consiste, por ejemplo, en que Telefónica tuviera que desgajarse en dos mitades: una dedicada a gestionar las redes, y otra a prestar servicios a los consumidores. Ambas mitades le seguirían perteneciendo al operador histórico, pero la que gestiona la red sería independiente.
Poder policial para las telecos
Por último, quedaría abierta la cuestión de si las telecos deben actuar como policías de Internet y si deben, sin necesidad de una decisión judicial previa, cortar la conexión a los internautas que pirateen contenidos.
El Parlamento Europeo exigía dejar claro que esta decisión debe adoptarla un juez, pero Francia se opone. Ayer, al cierre de esta edición, los eurodiputados parecían inclinarse por evitar que esta cuestión bloqueara un acuerdo sobre el resto del paquete legislativo.
De modo que la solución sería dejar que cada país siga haciendo en su territorio lo que considere conveniente, y más adelante se podría plantear si es necesario algún tipo de armonización.
