El Gobierno interpondrá el lunes un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Cajas aprobada por el Gobierno Aguirre en diciembre pasado. Así lo anunció la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que alegó que, según el informe elaborado por el Consejo de Estado, la reforma "al establecer fórmulas de ponderación, provoca que el sistema de representación de las corporaciones locales y de los impositores en la asamblea general sea contrario al criterio de proporcionalidad establecido en la ley estatal".
La normativa disminuía el peso del Ayuntamiento de Madrid en el máximo órgano de gobierno de la caja, al establecer nuevos criterios para designar el número de representantes.
El recurso llega días después de que la Asamblea de la caja que preside el polémico Miguel Blesa haya rechazado la adaptación de los estatutos de la entidad a la nueva normativa, y antes de que el Gobierno madrileño haya agotado el plazo legal para imponer esa adaptación a la entidad financiera.
Según fuentes jurídicas consultadas, al interponer el recurso se pedirá también, con toda probabilidad, la suspensión de la nueva normativa. El Constitucional estudiará en los días siguientes la solicitud y decidirá su procede a dejar en suspenso su aplicación. Según estas mismas fuentes, y en teniendo en cuenta resoluciones anteriores, se espera que considere mayor el daño de no aplicar la ley a la de su congelación, por lo que ven probable que rechace la suspensión. En este supuesto, el recurso, que puede tardar años en resolverse, no impedirá que las elecciones para la renovación en cargos en Caja Madrid se rija por la Ley Aguirre.
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