La Comisión Nacional de la Competencia no ha necesitado el mes que le permite la ley para dar el visto bueno a la toma de control de Spanair por parte de Catalana d'Iniciatives (participada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat), Turismo de Barcelona (propiedad del Ayuntamiento) y un grupo de empresarios catalanes.
En menos de veinte días, la operación se notificó el 6 de marzo y la aprobación la ha recibido el 25 de marzo, el Gobierno ha dado luz verde a la compra que supone la toma de control de más del 51% de la aerolínea, propiedad hasta el momento del gigante escandinavo SAS.
Sin indicios de concentración
El organismo supervisor no ha visto indicios de concentración en el cambio accionarial de Spanair porque, entre otros aspectos, los nuevos socios no están relacionados con el negocio de las aerolíneas, aunque sí son cercanos al gremio hotelero, como es el caso de Joan Gaspar. El dueño de la cadena hotelera Husa ha sido uno de los empresarios que ha liderado la operación.
Respecto a la cuota de mercado que controla Spanair, tampoco alcanza el umbral de la concentración, ni siquiera incluyendo los vuelos que SAS, ahora socio minoritario, opera en España. Además, antes del proceso de venta, la compañía con sede en Palma de Mallorca puso en marcha un fuerte plan de reestructuración.
La aerolínea decidió retirar una docena de aviones -con el consiguiente recorte de rutas- y acometer una fuerte reducción de empleos: de un punto de partida de 1.100 empleados despedidos se llegó a un acuerdo que sólo afectó aproximadamente a la mitad.
