La morosidad. Uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis con que la crisis fustiga a los pequeños y medianos empresarios -junto a la presión fiscal, el coste de la Seguridad Social y la asfixia financiera- tiene en España un involuntario y útil aliado: la pasividad de las Administraciones Públicas. Las autonomías también son cómplices por su pasividad en la inspección de los aplazamientos, mientras que los incumplimientos en los plazos de pagos son la causa del 25% de las quiebras empresariales.
Esta es la denuncia en la que han coincidido en los últimos días muchas organizaciones empresariales, especialmente las representativas de los pequeños y medianos, que acusan directamente a la Secretaría de Estado de Comercio, por negarse a impulsar la reforma de la Ley de Morosidad, y a las comunidades autónomas, por no cumplir con su obligaciones de inspección, de ser los responsables de que España sea el segundo país de la Eurozona con mayor retraso en los pagos, después de Grecia.
Los datos que manejan el Gobierno y las organizaciones empresariales estiman que el aplazamiento de los pagos es la causa de una de cada cuatro quiebras que se producen en España, una situación que para el colectivo empresarial exige una modificación urgente de la actual ley de morosidad, de forma similar a lo hecho en Francia.
Reforma que se ha topado con la negativa de la Secretaría de Estado de Comercio, "que como responsable del comercio interior debería tomar la iniciativa en este asunto" y que hasta la fecha ha respondido con "un no directo o con el silencio" a las demandas recibidas por parte de algunas asociaciones muy afectadas por la morosidad, como la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).
Zapatero confirma la negativa
Un rechazo que parece reflejar la falta de interés por parte del Gobierno en afrontar este problema y que confirmó el propio presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, cuando en una reciente intervención parlamentaria aseguró que "la modificación de la Ley sobre morosidad ha de producirse necesariamente en el contexto de la revisión que la Comisión Europea está pilotando para llevar a cabo una armonización en la UE".
Una afirmación que se ha visto rebatida por la iniciativa de Nicolas Sarkozy, quien ha propiciado una reforma de la ley antimorosidad francesa, en vigor desde el 1 de enero, en la que se fija el plazo máximo de pagos en 45 días, y se obliga a que en las auditorías se controle el cumplimiento, o no, de la obligaciones en los plazos de pago.
Pero mientras el Gobierno se piensa un cambio de ley, las empresas se darían por satisfechas con que se cumpliera la actual, que fija un plazo de máximo de pagos de 60 días, y de 30 días para los productos perecederos.
Pues bien, los datos del último informe del grupo Crédito y Caución, las empresas españolas están pagando en 124 días de media, más del doble del plazo legal. El estudio está realizado sobre las cuentas depositadas por más de 20.000 empresas entre 2005 y 2007 y los autores aseguran que estos plazos de pago tan altos "incrementan los problemas de liquidez que tienen las empresas españolas". Algo que ha denunciado el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor quien considera "urgente que se obligue a cumplir la Ley y que las autonomías ejerzan sus labores de inspección".
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La morosidad de la banca creció un 148%
