Empresas construcción y alimentación piden cambios Ley Morosidad

Madrid, 29 nov (EFECOM).- Las más de 50.000 empresas que engloban las patronales de alimentación y bebidas, agraria y de materiales de construcción pidieron hoy al gobierno que modifique la actual Ley de Morosidad para reducir, entre otros aspectos, los plazos de pago en las operaciones comerciales.

Por ello, los citados sectores, que aúnan el 15 por ciento del PIB español, enviarán un informe al Congreso en el que exigen un control y seguimiento administrativo de la Ley por parte de la Administración Central y las autonómicas, así como un cambio normativo profundo, que tenga en cuenta sus "mejoras legislativas".

El informe fue firmado por el subdirector de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Agustín Herrero; y el director internacional de la Federación Internacional de Alimentación y Bebidas (FIAB), Horacio González.

También apoyaron esta iniciativa el director general de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, Luis Rodulfo; y el director general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac), Sebastián Molinero.

Señalaron que el texto legal de Ley 3/2004 sobre Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales establece que el Gobierno, en un plazo de dos años desde su entrada en vigor, remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que evaluará los efectos de la aplicación de la directiva.

Las citadas asociaciones destacaron que el Gobierno no les ha consultado acerca de revisión de la normativa y resaltaron su situación en cuanto a los aplazamientos en los pagos y la morosidad, que, según explicaron, "su práctica no se ha limitado tras la aprobación de la Ley".

El director internacional de la FIAB, Horacio González, explicó que la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal comunitario por la transposición incorrecta de la directiva comunitaria.

Sin embargo, añadió que la resolución de esta denuncia, consecuencia de un proceso abierto contra la Ley de Morosidad por la FIAB, se publicará en un plazo de un año y medio, lo que coincidirá con la revisión de la directiva comunitaria.

González detalló que la normativa española es "tortuosa, debido a las dificultades encontradas en sus inicios", de difícil seguimiento, que no rige en la práctica y cuyos plazos de pago no se respetan, que no reconduce la práctica habitual de la mora, y que mantiene las cláusulas abusivas, entre otras características.

Por ello, apuntó que las citadas asociaciones piden mejoras legislativas para que exista un sistema específico de control y seguimiento administrativo de la Ley, así como para superar las cláusulas abusivas, y sustituir este término por comportamientos abusivos, que englobe tanto las prácticas formales como las informales.

Por otro lado, instan al Gobierno a que articule un procedimiento efectivo de defensa ante los Tribunales, donde las asociaciones puedan plantear los comportamientos manifiestamente abusivos que sufran sus empresas, lo que requiere de la plena legitimación de las mismas, un grado de confidencialidad y la inversión de la carga de la prueba.

Señalaron que el índice de morosidad de las empresas adscritas a la FIAB y a CCAE alcanza los 120 días, frente a los 60 que establece la Ley para los productos no perecederos y los 30 para los perecederos; y los 65 días de media que contabilizan la industria europea.

En cuanto a los sectores de la construcción, donde el plazo de cobro establecido son 30 días, los fabricantes asociados a Cepco llevan un margen de unos 203 día de media, mientras que los miembros de Andimac alcanzan los 140 días. EFECOM

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